Revivir los sucesos de los llamados falsos positivos, donde resultaron muertos jóvenes a manos del Ejército, ha sido desgarrador para las madres y familiares de las víctimas que asisten esta semana a las audiencias públicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Así lo contó a SEMANA Francisco Coronel, abogado, representante de algunos de los afectados y primo de un joven que asesinaron militares e hicieron pasar como guerrillero en el año 2007.
Coronel detalló que ese año él aspiraba a reelegirse como alcalde del municipio Ocaña y en ese momento denunció que estaban ocurriendo falsos positivos con personas inocentes que hacían ver como guerrilleros caídos en enfrentamientos con la fuerza pública.
El caso denunciado se trataba de su primo, identificado como Jair Julio Vega, de 22 años, quien fue asesinado en julio de 2007 a manos de miembros de la brigada 15 del Ejército Nacional de Colombia. “Paradójicamente, ese mismo año, el comandante de esta brigada fue premiado como el mejor batallón del país”, denuncia.
El abogado rememoró que a Vega varios militares del Ejército lo sacaron en contra de su voluntad de un bar ubicado en la vía de Ocaña - Cúcuta, lo asesinaron y lo camuflaron con uniforme de guerrillero, cuando en realidad era un técnico reparador de medidores que trabajaba en la empresa de acueductos y alcantarillado de Norte de Santander. Además, le colocaron unas botas que no correspondían a su número de calzado, y el cadáver lo dejaron en una zona enmontada rural desértica llamada Las Chircas, en Ocaña.
Al día siguiente, continúa Coronel, su primo fue declarado ante los medios de comunicación como un guerrillero muerto en combate. Y así comenzó la tragedia para esta familia. La mamá de Jair sufrió quebrantos de salud a raíz de este suceso, no soportó el dolor y la pena de perder a su hijo; falleció a los seis meses. Su otro hijo lamentablemente cayó en las drogas.
“Colombia tiene que superar el horror de los falsos positivos, que a futuro se respire tranquilidad y paz y que otras familias no vivan lo que estamos viviendo hoy. El clamor de todas las víctimas es el mismo, que se diga la verdad, se han mencionado a tres generales como responsables, queremos saber quiénes son todos los culpables, los oficiales de alto rango”, apuntó el nortesantandereano.
Según este profesional del derecho, hay una pieza del rompecabezas que hace falta, y es saber quién dio la orden de cometer los falsos positivos de los años 2007 y 2008. Ve como muy sospechoso que durante esos años trasladaron los cadáveres de unos presuntos guerrilleros hasta una zona rural de Ocaña, en vez de sepultarlos en el cementerio municipal, y actualmente no se conocen detalles del informe de necropsia y balística, en razón de que muchas de las víctimas fueron asesinados con balas a “quemarropa”, como le sucedió a su primo Jair Julio Vega.
“El honor militar es uno y la criminalidad bajo un uniforme pasa a ser delincuencia, y en este sentido, a los responsables tiene que caerle todo el peso de la ley”, exigió el abogado Coronel.
Como “falsos positivos” son conocidos en Colombia los casos de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes reclutados con promesas de trabajo. En el caso de Soacha, los 19 muchachos fueron contactados a comienzos del 2008 y terminaron muertos en supuestos combates en distintos lugares del nororiente colombiano.
Al hacerlos pasar como guerrilleros fallecidos en enfrentamientos, los uniformados recibieron prebendas como días libres, condecoraciones y felicitaciones de sus superiores, o gratificaciones en dinero. Los jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar desaparecieron el 8 de enero del 2007, cuando se despidieron de sus familias porque iban “a trabajar” y ocho meses después, el 25 de septiembre, empezaron a ser identificados sus cadáveres en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a centenares de kilómetros de sus hogares.