Consolidado como uno de los gremios más fuertes —actualmente reúne a cerca de 100 empresas de vigilancia, más de 50.000 guardias de seguridad y 15 importantes aliados en todo el país—, este sector atraviesa una difícil situación económica como consecuencia de la aparición del coronavirus. El presidente de la Confederación Nacional de Empresas de la Vigilancia Privada (Confevip), Miguel Ángel Díaz, manifestó que ante la falta de apoyo efectivo por parte del sector financiero, solicitan al Gobierno nacional un salvavidas que les permita continuar con la operación para poder generar seguridad y garantías a sus guardias. “A través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hemos solicitado al Gobierno nacional que nos tienda la mano, permitiendo que las empresas puedan descontar sus facturas con una línea de crédito ante Bancóldex con la garantía del 90 % por Fogafín; que por este año no se cobre la tasa de contribución a la Superintendencia o se pueda hacer el pago mediante cómodos plazos”, señaló.
Empreas privadas piden salvavidas/Foto: Archivo Semana Agregó que adicionalmente se solicitó “poder ampliar a otros dos meses la reducción del pago pensional, que se pueda hacer excepción de aportes a cajas de compensación teniendo en cuenta que no están prestando sus servicios y que el pago de primas se pueda realizar a plazos y con un subsidio del 50 % por parte del Estado”.
Recordó que a pesar de la cuarentena, las empresas que conforman el sector de la vigilancia y seguridad privada han enfocado esfuerzos para apoyar al Gobierno nacional y al país a través de la continuidad en la prestación de sus servicios, que por su naturaleza revisten gran importancia para la seguridad ciudadana y la confianza pública. El presidente de Confevip dijo que hasta la fecha estas empresas han registrado pérdidas superiores a los 300 mil millones de pesos, lo que representa el 10 % de los ingresos generales del sector, por lo que se ha pedido un salvavidas para seguir garantizando la operación. Por el momento no hanpensado en bajar sueldos y no se han previsto despidos masivos. “Estamos pasando múltiples vicisitudes. Varias empresas tienen inminente peligro para su sostenibilidad y su existencia por cuenta de la disminución en la contratación de servicios, la terminación intempestiva o la suspensión de los contratos y la alarmante cesación en los pagos de los servicios prestados, así que requerimos la mano tendida del Gobierno”, puntualizó Miguel Ángel Díaz.