Durante este miércoles y en procura de la garantía del derecho fundamental a la salud, la Defensoría del Pueblo realizará lo que ha sido calificada por la entidad como una gran jornada que espera dar más del 80 % de soluciones sin necesidad de tener que llegar a instancias judiciales.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, confirmó que fueron citadas las EPS, entidades territoriales, secretarias de salud, Superintendencia de Salud y demás actores del sistema. La jornada se llevará a cabo en 27 municipios del país con el fin de adelantar la Primera Jornada Nacional para la Promoción y Protección del Derecho Fundamental a la Salud y Seguridad de este año.
“Hemos reiterado que los ciudadanos no deberían requerir de la intervención de la Defensoría del Pueblo o de acciones judiciales, como la tutela, para buscar se le garantice el acceso a la salud, en condiciones de calidad y dignidad, dado que se trata de un derecho fundamental consagrado en nuestra legislación”, recalcó el defensor.
Actividades similares se han realizado en cinco jornadas descentralizadas en zonas como Boyacá, Casanare, Meta, Atlántico, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Caquetá, en las que el balance fue positivo, “se logró una respuesta inmediata y favorable en el 80 % de los casos de los usuarios que acuden a estos espacios y que manifiestan la vulneración del derecho a la salud”, manifestó Camargo.
El funcionario está convencido de que en esos encuentros entre la comunidad y las entidades de salud se responderá al llamado y las inquietudes de los usuarios que acudan expresando sus inconformidades frente a barreras de acceso, continuidad en los servicios, tratamientos en, entre otros. “Pero reiteramos que son los actores del sistema los llamados a garantizar la prestación de los servicios sin dilación”, puntualizó el defensor del Pueblo. Consulte acá los lugares en los que serán atendidos durante la jornada.
La cifra de las personas que dijeron el año 2021 no tener atención oportuna a salud y además interpusieron acciones de tutelas invocando el derecho a la salud, sumaron 92.499, siendo uno de los derechos más vulnerados en el país. De esas acciones judiciales, las citas con especialistas son de los servicios que más acciones reportan: ortopedia con un 13,1 %, seguida de oncología con el 10,5 %, neurología 9,1 %, neurocirugía 6,2 % y oftalmología 5 %.
“El año pasado, la liquidada Medimás tuvo 42,70 acciones de tutela por cada 10 mil afiliados; seguida de la también liquidada Coomeva con 40,23; Savia Salud con 23; Servicio Occidental de Salud, SOS, con 24,04, y Ecoopsos con 22,61″, describen en el comunicado entregado por la entidad defensora de los derechos humanos.
Es de resaltar que en el marco del compromiso del Gobierno nacional con la afiliación y atención en salud de la población migrante, desde la cartera sanitaria se destacó que Colombia es ejemplo mundial en política migratoria, se ha brindado atención adecuada, según manifestó en su momento el ministro de salud Fernando Ruiz: “nadie ha hecho lo que nosotros sí. Los colombianos que siempre estamos pensando que no somos capaces, que todo es terrible, que la plata se la van a robar, pues aquí hemos logrado mucho”.
El ministro resaltó también que se ha logrado dar estatuto a un millón de personas, afiliar 740.000 migrantes a la seguridad social, así como alcanzar en el sistema de salud colombiano una cobertura universal del 99,2 %, lo que significa que los habitantes del territorio tienen aseguramiento y fue un aspecto esencial a la hora de responder en la pandemia.
“Y vamos un paso más allá, no solo tenemos cobertura universal, hay una cobertura especial de protección a los residentes en Colombia que no tienen seguridad social, eso es mucho más que tener cobertura universal”, afirmó Ruiz, añadiendo que, así mismo, gracias a estas políticas públicas se ha logrado traspasar las barreras de la xenofobia.