En el país sigue creciendo el mal ambiente por las acciones criminales que vienen realizando las organizaciones ilegales con las cuales el gobierno decidió pactar un cese al fuego bilateral.
El caso más reciente y que tiene en el ojo del huracán al proceso de ‘paz total’, fue el ocurrido en Tarazá, Antioquia, en donde alias Gonzalito, uno de los jefes del Clan del Golfo coordinó el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la secretaria de un despacho en Tarazá.
La Fiscal reveló que alias Gonzalito hacía parte de la lista que el gobierno del presidente Gustavo Petro había enviado a esa entidad para que le suspendieran las órdenes de captura en su contra.
Sobre este aspecto dijo en rueda de prensa el Fiscal General Francisco Barbosa que, “ante las declaraciones juradas de los fiscales que resultaron afectados por este hecho, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien actualmente tiene orden de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura, que pidió el Gobierno, fueran levantadas. Petición a la que no accedió la Fiscalía por no existir ningún marco constitucional para hacerlo”.
Además, indicó que jefe del ente acusador que, “los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.
Así mismo, indicó el Fiscal Barbosa que, “frente a estos hechos que afectan la seguridad de los servidores públicos de la Fiscalía en Tarazá, se ha decidido, temporalmente, cerrar la sede de la Fiscalía en ese municipio y trasladar la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en este municipio”.
Tras la gravedad de los hechos, el Fiscal anunció que tomarán decisiones. “Se citará a los funcionarios y autoridades de la policía y fuerzas militares responsables de la seguridad en la zona, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector”, dijo el Fiscal.
Sobre el caso, SEMANA conoció con fuentes castrenses, que el Comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, le habría llamado la atención al comandante del Ejército, el general Luis Ospina por estos hechos.
Es de anotar que SEMANA reveló recientemente la caída que tuvo el Ejército en las operaciones contra las organizaciones criminales que hacen parte del cese al fuego. Mientras dichas agrupaciones siguen delinquiendo, el Ejército bajó notoriamente sus resultados en enero del 2023, en comparación con enero del 2022. Mientas que enero del año pasado fueron capturados 89 integrantes de las disidencias de las Farc, en enero de este año solo fueron 29.
El año pasado, para el mismo periodo, en desarrollo de operaciones militares habían muerto cinco disidentes, este año no se registró ninguno. El año pasado se dieron 71 capturas de integrantes del Clan del Golfo y este año 57. El año pasado fallecieron en operativos 14 integrantes del Clan del Golfo y este año uno.
Frente a capturas de Los Pachenca, que también gozan del cese al fuego, el año pasado se dieron 82 capturas y este año el registro es de 12. Sobre la incautación de cocaína también se evidencia una baja considerable. Mientras que para enero de 2022 iban cerca de 10 toneladas, este año la cifra está cercana a las cuatro toneladas.
Respecto a capturas ejecutadas por el Ejército, en enero de 2022 se dieron 1.094 detenciones y en enero de 2023 la cifra es de 925, es decir, 169 casos menos. Para expertos en seguridad, dichas cifras muestran que el Ejército ha reducido sus operaciones tras la orden presidencial de no atacar a dichas estructuras criminales, mientras que dichas organizaciones ilegales están aprovechando el distanciamiento de la Fuerza Pública para seguir cometiendo delitos, como narcotráfico, crímenes de líderes sociales, y secuestro.