Los campesinos que alcanzaron a saborear la paz ahora están secuestrados por el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Caquetá. Dos grupos de criminales, que huyeron a la paz en 2016 y que engañaron, dos veces, al pueblo colombiano, se están disputando el control de tráfico de drogas y la minería ilegal en esta zona del país.
Quienes pagan su enroque criminal, de las disidencias de las Farc, son los ciudadanos, campesinos que están atemorizados, amenazados en sus propias casas, con el miedo de que una bala perdida se meta por la ventana, todo mientras ruegan por ayuda al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.
SEMANA conoció detalles de los hechos que, desde la misma zona, vereda Palmeras de Fraguita, zona rural de San José de Fragua, tiene a las comunidades confinadas como consecuencia de los enfrentamientos que desde hace horas sostienen estos grupos criminales. Lo peor, la fuerza pública no ha logrado llegar.
Medios de comunicación locales, como Andrés Prensa, han logrado verificar lo que el Ejército y la Policía aún tratan de establecer. Estos medios advierten muertos y heridos, de campesinos que se comunican por WhatsApp y que cuentan, con crudeza, lo que está ocurriendo a esta hora en Caquetá.
“Nosotros ya aquí en la casa. Dios mío, eso para abajo nos dio más nervios de caminar. Todo por allá es horrible. Después de que vimos esos muertos, como cinco o seis muertos allá tirados en la carretera en la entrada para el pueblo, como unos cinco hombres y una muchacha. Una situación horrible”, advirtió un poblador en la zona que, según un audio, pudo ser testigo de los muertos.
Las mismas comunidades advirtieron en audios que enviaron a los medios de comunicación que tratan de salir de las zonas en grupos con banderas blancas, advirtiendo a los criminales que se trata de simples ciudadanos campesinos que están o quieren permanecer fuera de estos combates.
La Policía confirmó que efectivamente hay enfrentamientos entre los disidentes de las Farc y que tratan de obtener información sobre la situación, lo que claramente advierte las dificultades que tiene la fuerza pública para cubrir los espacios que antes eran territorio del Estado y ahora parecen zonas vedadas para la ley.
“Hay muchos audios y hubo consejo de seguridad en el pueblo, pero no han podido hacer nada para ayudar a las comunidades. Los campesinos piden ayuda. La escuela la impactaron, el combate empezó en una región y ahora va en otro escenario, otra vereda es la problemática que tiene”, señaló una fuente de la Policía que habló con SEMANA.