Los problemas de orden público en Medellín no son ningún secreto. La extorsión a comerciantes y la disputa por los territorios hacen parte de las situaciones con las que se deben enfrentar a diario las autoridades en algunas comunas de la capital antioqueña. Ahora, la situación está cada vez más complicada. Los nuevos afectados son los políticos, quienes no pueden desarrollar con tranquilidad sus campañas electorales pues necesitan el aval de los jefes delincuenciales o pagar una especie de ‘vacuna’. El pasado 23 de abril, miembros del movimiento ciudadano Creemos, que apoyan la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín, recibieron amenazas durante una jornada de recolección de firmas en el barrio Villa Guadalupe de la Comuna Uno. En ese momento varios hombres se acercaron y en tono amenazante advirtieron que ni el candidato ni su equipo podían estar en ese lugar. "Nuestros jefes aún no han definido a quién van a apoyar”, dijeron. Para el candidato Gutiérrez lo más grave no es que él reciba amenazas, sino que pueda existir la posibilidad de que bandas delincuenciales respalden la candidatura de algún aspirante. “Sería volver al pasado, cuando estos delincuentes se involucraban en política”, dijo. Pero él no es el único. Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín por el Partido Liberal, también comprobó que el control de los 'combos' sobre las comunas de la ciudad se está saliendo de las manos de la administración. El martes 5 de mayo a las 3:00 p. m., Bernardo Guerra se encontraba concediendo una entrevista a un periodista en la Biblioteca España, del barrio Santo Domingo, en la Comuna Uno. De un momento a otro un joven, vestido de gorra y chaqueta, se acercó e interrumpió la conversación. Le manifestó al concejal que necesitaba hablar con él de manera urgente. Aunque Guerra le pidió que esperara, el joven insistió en que estaba de afán y lo necesitaba. El concejal cedió. La conversación fue sencilla: “Nosotros lo hemos visto trabajar a usted contra la corrupción y hacer denuncias graves contra los falsos constructores (…) yo trabajo con tres personas que manejan la zona nororiental. Si usted quiere hacer cualquier actividad del concejo, debe darnos cinco millones de pesos para dejarlo hacer las campañas políticas, las reuniones respectivas y no molestarlo”, narró Guerra a Semana.com. El concejal, sorprendido, le dijo que apenas se daba por enterado de la situación y que, por ende, le diera un tiempo mientras tomaba una decisión. “Es demasiado osado, yo andaba con camarógrafo y con policías y no le importó. Nunca pensé encontrarme algo así de una forma tan descarada”, expresó. El joven que se le acercó al concejal es un ‘campanero’, la persona encargada de mirar quién llega y quién sale del sector. Sus jefes, los que dominan la zona, se amparan bajo los alias de ‘Alex’, el ‘Abogado’ y ‘Piccolo’. Este último ya está siendo buscado por la Policía de la capital antioqueña. El miércoles Bernardo Guerra denunció lo sucedido en una plenaria del concejo de Medellín. “Mi preocupación es que yo no voy a pagar, pero hay gente que paga los cinco millones para ganarse unas firmas”, advirtió. Esto no es todo. El jueves a las 7:00 p. m. fue asesinada la edil Viviana Marcela Agudelo, de la Junta Administradora Local del corregimiento San Antonio de Prado, al sur de Medellín. Ella era conocida como una valiente defensora pública que realizó decenas de "denuncias sobre el manejo inadecuado del presupuesto participativo y las relaciones de la Policía con combos del sector”, explicó Guerra. Viviana recibió seis disparos y el autor del crimen fue capturado ese mismo día. Según algunas versiones, el detenido es miembro de una banda delincuencial. Lo más preocupante para Guerra y Gutiérrez es que la administración no le preste atención a la situación y “crea que todo marcha perfectamente”. “Los combos tienen el control de toda la economía del sector, ellos determinan qué productos sirven y cuáles no. No solo están en las comunas, sino también en el centro de la ciudad. Lamentablemente, esa es la realidad”, dijo el concejal. Desde este viernes, después de un consejo de seguridad, la Policía empezó las evaluaciones para las medidas de protección que les brindarán a los concejales. Tanto Guerra como Gutiérrez aseguraron que no se dejarán amedrentar y que continuarán con su labor tal como lo han venido haciendo desde hace muchos años.