Para el próximo 15 de julio quedó fijada la audiencia de preparatoria de juicio en contra del coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, por el caso 03 que hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales registradas durante el conflicto armado interno
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió la notificación al oficial en retiro, quien no aceptó responsabilidad después de haber sido imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
En esta diligencia judicial, el coronel Mejía, las víctimas reconocidas y sus respectivos abogados se pronunciarán sobre las observaciones que tienen sobre el escrito de acusación que presentó la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, así como las solicitudes probatorias que se deben practicar en el marco de este proceso.
En la citación se indica que la Sala se pronunciará de fondo frente a la “legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad de las solicitudes probatorias”.
El excomandante del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa se expone a una condena de 20 años de prisión si es hallado culpable. En el escrito de acusación se señala que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005 se registraron la retención y el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Estas personas, indica la acusación, no tenían ninguna relación con grupos armados ilegales. Pese a esto, fueron reportadas como bajas en combate en medio de operativos contra la subversión.
En el escrito de acusación, emitido a finales de julio de 2023, la JEP advirtió que 12 militares adscritos al Batallón La Popa reconocieron su responsabilidad y rindieron testimonios en contra de sus superiores. “Los comandantes de pelotón daban órdenes de instalar los retenes, detener a personas con determinados perfiles y distribuían tareas para preparar a las víctimas con el propósito de simular el combate. Así, miembros de la tropa se encargaban de vigilar que no se escaparan, otros las vestían y las conducían a los lugares seleccionados para el supuesto combate, todo ello con el involucramiento y conocimiento de todo el pelotón”.
En sus investigaciones, la JEP develó dos modalidades de ejecución de estos crímenes: la primera en alianza con paramilitares, quienes incluso, en ocasiones, les entregaban las víctimas ya muertas. La segunda era ejecutada directamente por los militares con la finalidad de presentar resultados operacionales.
“El desprecio que tenían algunos efectivos del Batallón La Popa por la vida de las víctimas se denotaba incluso en el lenguaje: ‘Tenemos dos marranos amarrao (sic), pero no tenemos comida para ellos’, o denominarlas ‘el paquete’ fueron expresiones que denotan la completa deshumanización”, concluyó la Sala de Reconocimiento.
El 12 de mayo de 2023, la JEP advirtió que el coronel había incumplido sus compromisos y en múltiples oportunidades revictimizó a las víctimas y sus familiares señalándolas, sin evidencia alguna, como “colaboradores” o “aliados” de organizaciones delictivas.
“No se trata, pues, de meras opiniones o comentarios molestos, se trata de continuas y reiteradas expresiones con elevada agresividad orientadas a personas y grupos específicos que incluye, más grave aún, a víctimas ante la JEP y a sus representantes”, advirtió la JEP.