El pulso judicial que tiene enfrentado, de un lado, al Consejo Nacional Electoral (CNE), y del otro, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la investigación que se adelanta por el presunto ingreso de dinero ilegal y no reportado a la campaña del presidente Gustavo Petro, ya se convirtió en una solicitud formal y escrita para que todo lo referente a Petro sea enviado a su juez constitucional, la Comisión de Acusación.
Por medio de un oficio, enviado por el triunvirato investigador, compuesto por los representantes Wilmer Carrillo, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, la Comisión de Acusación pide que le sea enviado el expediente y con claridad reclaman la jurisdicción sobre todo lo que tenga que ver con Petro.
“La Comisión de investigación y Acusación de manera autónoma y oficiosa solicita a través de providencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) las investigaciones que ante esta autoridad cursan contra el presidente de la República, por hechos relacionados con la financiación de su campaña, pues aunque ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política”, advierten desde la Comisión en el documento al que tuvo acceso SEMANA.
Y agrega la solicitud que, ”razón por la que paralelamente a las investigaciones que adelante el CNE respecto de las personas sobre las que tiene competencia, se adelanta en esta célula del Congreso la investigación integral de los gastos de la campaña específicamente respecto del presidente de la República, tanto en lo que tiene que ver con los topes establecidos para la misma como en lo que se relaciona con las fuentes de su financiación, pues el fuero constitucional es personal integral y extensivo según la jurisprudencia constitucional”.
Un planteamiento que abre el debate y en el que parece no tener la razón la Comisión de Acusación de la Cámara. Si bien el juez constitucional del presidente de la República es esta célula legislativa, en lo relativo a la investigación a la campaña, los ingresos irregulares de dinero y la gerencia es un asunto que le compete al Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, el triunvirato insiste en el caso y anuncia nuevas diligencias. “Para ello, la presidencia de la Comisión tramitará la solicitud y determinará el reparto de los asuntos que sean allegados por parte de la autoridad electoral peticionada. Por último, se ordenará la toma de testimonio a la señora Laura Sarabia Torres y al señor Armando Benedetti, se practicarán los testimonios aplazados y se ordenará la incorporación de las demás pruebas documentales que se consideren pertinentes y conducentes.