Desde el pasado 20 de julio empezó la cuenta regresiva para la Comisión de Acusaciones. La reforma al equilibrio de poderes decidió eliminarla, y en cambio, crear una comisión de aforados que se encargará de investigar, en adelante, a los altos dignatarios del Estado. Según la reforma, en este año de transición, la Comisión de Acusaciones deberá evaluar todos sus expedientes, y determinar qué investigaciones deben ser archivadas o cuales deben pasar a la etapa de juicio. Así mismo, también deberá resolver asuntos trascendentales como el proceso penal y disciplinario que se adelanta contra el magistrado Jorge Pretelt, por el sonado caso de la tutela de Fidupetrol. Sin embargo, un hecho bastante particular se presentó esta semana, durante la instalación de las mesas directivas para el nuevo periodo legislativo: ninguno de los 15 representantes que integran la Comisión de Acusaciones se le midió a presidirla. Por el contrario, le hicieron el quite para asumir esta responsabilidad. Según los acuerdos entre los partidos políticos, la presidencia de la Comisión de Acusaciones se rotaría entre los liberales y La U. El primer periodo le correspondió presidir al representante liberal Julián Bedoya, quien precisamente decidió asumir la investigación contra el magistrado Pretelt. Para el segundo, el acuerdo señalaba que le correspondería al Partido de la U. El representante Nicolás Guerrero parecía ser el señalado, incluso alcanzó a ser postulado Pero el martes decidió renunciar a esa postulación con el argumento de que había sido elegido presidente de la comisión cuarta de la Cámara. Ningún representante puede oficiar como presidente de dos comisiones a la vez. Ante la renuncia de Guerrero, se postuló al liberal Alejandro Carlos Chacón quien también le sacó el quite a la Comisión de Acusaciones con un argumento similar. Había sido elegido presidente de la Comisión Tercera de la Cámara. La elección se iba a hacer el martes, y como Guerrero y Chacón renunciaron a ser presidentes, todas las miradas se volcaron hacia el liberal Edgar Gómez. El representante santandereano, incluso, envió una excusa médica para no asistir a dicha sesión, pero el miércoles tuvo que comparecer a ella. Por mayorías fue elegido como el nuevo y último presidente de la Comisión. Aceptó la responsabilidad a regañadientes. Aunque Gómez, un veterano congresista con mucho poder en Santander, tendrá que asumir los últimos retos de la Comisión de Acusaciones, su designación en ese cargo podría dañarle una de sus futuras aspiraciones. Gómez aspiraba a ser el presidente de la Cámara a partir del 2016, pero según los acuerdos de los partidos políticos quedó consagrado tácitamente que quien asuma estos cargos directivos no podrá presidir otras comisiones. Gómez ya había sido presidente de la Cámara de Representantes entre 2009 y 2010, cuando el Partido Liberal, por instrucciones del expresidente César Gaviria, le quitó las presidencias a la coalición uribista. Ahora, Gómez, tendrá que responder por las que serán las últimas decisiones de la desprestigiada Comisión de Acusaciones, y sobre sus hombros estará, entre otras, la decisión del magistrado Jorge Pretelt, cuyo proceso penal ya finalizó y está pendiente de si se le llama o no a juicio al expresidente de la Corte Constitucional. Pero por cuenta de esas responsabilidades, recibidas casi que obligadamente, terminarán por deponer sus aspiraciones de presidir la Cámara de Representantes el próximo año.