Ante los ojos de la justicia colombiana daba igual ser presidente de la República, ministro o magistrado. Desde 1886, se volvió una tradición donde las personas que llegaban a ejercer esos cargos sólo podían ser investigados por el Congreso de la República y no por los altos tribunales. Todo gracias a un fuero que, desde entonces, estas altas dignidades han tenido frente a los demás mortales. Y que, con el paso de los años, terminó convertido en una especie de inmunidad a la hora de responder cualquier inquietud de la justicia. Las cifras son incontrovertibles. Desde 1886 Colombia ha tenido 40 presidentes, cientos de magistrados y ministros, pero sólo uno, el general Gustavo Rojas Pinilla (presidente de Colombia entre 1953 y 1957) resultó condenado por el Congreso. En 1959, el general fue declarado indigno por abuso de autoridad y concusión. Pero ese se fue al piso siete años después cuando la propia Corte Suprema de Justicia absolvió al general y le devolvió sus derechos políticos y civiles. El que sólo haya habido una condena obedece a la ineficacia y la ineficiencia del tribunal encargado de investigarlos. Hay un caso muy llamativo. Desde que la Constituyente de 1991 les quitó este fuero a los ministros y pasó sus investigaciones a organismos puramente judiciales, como la Fiscalía General y la Corte Suprema, en Colombia dejó de ser exótico ver ministros acusados e incluso condenados y tras las rejas. Probablemente, si los altos funcionarios tuvieran ese fuero y fueran juzgados por un organismo de naturaleza política, el exministro Andrés Felipe Arias nunca habría terminado condenado. En una reciente columna, el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez aseguró que uno de los fenómenos que más atentan contra el funcionamiento integral de la democracia colombiana es la “absoluta impunidad de los cobijados por fuero constitucional que pasan por antejuicio en el Congreso”. La Constitución del 91 mantuvo ese esquema y desde entonces las cosas han sido peores. Un reciente informe de la Corporación Excelencia a la Justicia, que hizo balance del trabajo de la Comisión de Acusaciones, señala que desde 1992 hasta el 2014 se recibió un total de 3.496 denuncias. El 56 % de ellas, 1.957, fueron archivadas; el 44 %, 1.538 casos, aún falta por resolver. Y ni un solo fallo de fondo se registró. De todas las denuncias recibidas, el 42 % son contra magistrados de las altas Cortes, el 30 % contra presidentes y el 28 % corresponde a denuncias contra los fiscales generales. De los 1.473 contra magistrados de las altas Cortes, 635 fueron archivadas; de los 964 contra los fiscales, 726 no prosperaron, y de los 1.059 contra presidentes, 605 culminaron en archivo. De todos los casos, sólo uno llegó a la plenaria de la Cámara y fue el proceso 8.000. El del expresidente Ernesto Samper, a quien la Cámara precluyó la investigación por no encontrar pruebas suficientes para determinar si el presidente supo que dineros del cartel de Cali ingresaron a su campaña en 1994. “Los juicios contra aforados históricamente no han funcionado, tal vez por la contradicción que entraña atribuir funciones “judiciales” a un cuerpo esencialmente político”, explica Gómez Méndez. Hoy la Comisión de Acusaciones tiene en reparto 186 procesos de investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe. Todos ellos en etapa preliminar. El de las chuzadas del DAS es el único en el que se le ha oído en versión libre. La Comisión lleva tres años resolviendo si hay méritos para abrirle una investigación formal. Igualmente hay alrededor de 180 procesos contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 170 contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, entre los que se destacan el del carrusel de pensiones, la magistrada viajera, y el de los botines que recibió José Alfredo Escobar Araújo de manos de Giorgio Sale. El mafioso italiano murió la semana pasada y nunca rindió testimonio. También hay 28 procesos contra magistrados de la Corte Constitucional. En la Comisión también hay demandas contra los fiscales Luis Camilo Osorio (a quien ya le precluyó un proceso por nexos con paramilitares), Mario Iguarán, Alfonso Gómez Méndez y Alfonso Valdivieso. Además hay un proceso en fase previa que vincula a los presidentes Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe por el caso San Andrés. Son pocos, muy pocos, los que confían en que la Comisión de Acusaciones resuelva el escándalo del magistrado Jorge Pretelt y la Corte Constitucional. Entre otras porque el problema no son quienes investiguen, sino la estructura de los juicios políticos de los aforados. El Gobierno tramita actualmente una reforma al equilibrio de poderes, y aunque en ella se elimina la Comisión de Acusaciones, está perdida la oportunidad histórica de hacer una verdadera reforma. Pues está creando un tribunal de aforados, integrado por cinco magistrados que sólo se encargarán de investigar y hacer un juicio político sin consecuencias penales. Varios congresistas han advertido que ese nuevo tribunal solo servirá para garantizar la inmunidad judicial a presidentes, vicepresidentes, magistrados y fiscales.