Al fiscal Mario Burgos se le acaba de cerrar un proceso disciplinario que le llevaba la Comisión Nacional Judicial, después de que un oficio de la Fiscalía General de la Nación apareció en un listado de los servidores de esa entidad que no publicaron la declaración de sus bienes, rentas e impuestos sobre la renta.
El fallo conocido por SEMANA detalla: “Ordenar la terminación del proceso disciplinario, en favor de los doctores Aníbal Arbeláez Betancur y Mario Andrés Burgos Patiño, fiscales delegados ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, conforme a las razones anotadas en la parte considerativa de la presente providencia”.
Aníbal Arbeláez Betancur estuvo a cargo de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, después de que la fiscal Martha Mancera quedó a cargo de la entidad tras la salida de Francisco Barbosa.
El caso contra Burgos y Betancur en la Comisión de Disciplina Judicial también detallaba que no registraron sus conflictos de interés en la aplicación que dispuso el Departamento de la Función Pública para los servidores de altos cargos del Estado y demás funcionarios, como los fiscales delegados ante el Tribunal.
El fallo de la Comisión que cerró el caso detalló: “Si el servidor público omite registrar la declaración sobre una vigencia determinada en el «Aplicativo por la Integridad Pública», pero es realizado en el «Sigep», esta Sala considera que aquella omisión no trastoca automáticamente los principios de transparencia, y publicidad, reconocidos en el artículo 209 superior, pues el empleado en todo caso registró la información en alguna de las plataformas destinadas para ello”.
Los documentos que fueron aportados dentro del proceso, se logró evidencia que el 30 de mayo de 2023, el fiscal Mario Burgo Patiño realizó la declaración de bienes y rentas con soportes a través de la plataforma del Sigep.
Frente a eso, el fallo de la alta Corte fue: “No puede plantearse una transgresión al deber de información porque, pese a no divulgar los datos en el «Aplicativo por la Integridad Pública», los disciplinables dieron cumplimiento al registro del «Sigep», exigido en los artículos 13. y ss. de la Ley 190 de 1995”.
La Comisión determinó que los dos fiscales cumplieron con la información sobre el monto y manejos de sus bienes, rentas, actividades económicas, así como la transparencia en sus intereses particulares, en la vigencia del año 2022.
“Como fue analizado en el acápite previo, si bien es cierto que, lo esperado es que el funcionario judicial en cada vigencia realice las declaraciones, y suministre la información exigida en los aplicativos del «Secop II», y «por la Integridad Pública», también lo es que con ocasión a que, en el caso sub examine, la información fue subida a uno de ellos”, dice el fallo del alto tribunal.
El fiscal Mario Burgos también es investigado por la Comisión de Disciplina Judicial por el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, que será llevado a juicio por el proceso que avanza en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.