“Se le solicita al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”, es la solicitud que los once comisionados hicieron este lunes al Gobierno. Tres días después de que se hizo pública la investigación de SEMANA, que deja en evidencia cómo Inteligencia y Contrainteligencia Militar espiaron e hicieron seguimientos de 130 víctimas, entre los que están periodistas, defensores de derechos humanos, partidos políticos, militares y hasta funcionarios de la Presidencia, la Comisión de la Verdad considera oportuno tomar cartas en el asunto.
¿La razón? No es la primera vez en el año ni mucho menos en la historia del país que se denuncia este tipo de actuaciones. De ahí la importancia que otorga el órgano de esclarecimiento, fruto del Acuerdo de Paz, para tratar de entender el trasfondo de estos hechos que llevaron a miembros del Ejército a elaborar carpetas en donde estaban consignados, entre otros, datos biográficos, contactos, amigos, propiedades, lugares de votación y hasta las infracciones de tránsito de estas personas.
"Los hechos se repiten, lo que cuestiona la existencia de la determinación ética corporativa constante e indispensable para que las medidas legales sean eficaces. Estamos ante acciones que afectan gravemente a personas y que destruyen la moral pública. Esperamos que el retiro de oficiales del Ejército comprometidos, además de una investigación exhaustiva, produzca los cambios éticos indispensables para que no continúe lo intolerable", advierte el comunicado.
A pesar de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó este fin de semana que fueron relevados de sus cargos cinco coroneles, tres mayores y un general, lo cierto es que esta práctica sigue manchando el nombre de la institución. Aunque en diciembre de 2017 se creó el Sistema Nacional para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, de acuerdo con los comisionados, "aún no se perciba el resultado de sus logros". Con el antecedente de las chuzadas del DAS, este cambio justamente buscaba "evitar que Inteligencia se convierta en un arma política contra quienes deliberan dentro del marco de la democracia". Sin embargo, los hechos indican otra cosa. El espionaje militar denunciado por esta revista "es una amenaza contra los derechos y las libertades consagrados en la Constitución y en el derecho internacional y vulneran la legitimidad de nuestro Estado y de nuestras instituciones, al tiempo que contribuyen a la persistencia del conflicto", advierte el órgano. Por eso, en el marco de las obligaciones que tiene, la Comisión de la Verdad "encuentra casos significativos en los que estas actividades (espionaje) dieron lugar a actos de violencia contra los señalados, procesos judiciales arbitrarios y campañas de intimidación y desprestigio". De ahí la importancia de la solicitud que hizo al Gobierno para tener acceso al material.
"La construcción de la paz en Colombia exige la verdad y la transformación de la conciencia no solo de los guerrilleros que incurrieron en actos inhumanos, sino también, y de manera primordial, de quienes son los sujetos morales que, corporativamente, forman las instituciones del Estado. Allí hay hombres y mujeres capaces, de alta consistencia ética", concluye la misiva.