El informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia también tuvo un capítulo especial para tocar el tema de la extradición, que en los años 80 “se convirtió en el detonante de una guerra y luego en una herramienta judicial de injerencia”.
“La extradición es una figura jurídica que ha permitido a Estados Unidos incidir en todos los gobiernos desde 1979 hasta la fecha. Por lo mismo, esta genera dudas razonables en términos de soberanía judicial, así como en lo que se refiere a la posible ausencia de garantías para el ejercicio del derecho a la verdad por parte de las víctimas. El proceso de extradición, en sí mismo, es poco garantista en Colombia”, dice el informe presentado este martes.
De acuerdo con la comisionada Alejandra Miller, en épocas recientes la extradición se ha estado “utilizando como un instrumento para sacar la verdad de las víctimas del país”.
“Lo vimos en muchos momentos en los que cada vez que caía uno de estos capos del narcotráfico, quienes tenían mucho que decir alrededor de lo que pasó con el conflicto armado, cómo se establecían esas redes, cómo se cometieron muchos crímenes en esas alianzas y vínculos entre criminalidad y política. Lo primero que se hacía era extraditar”, aseguró.
Por ello, la sugerencia que hace la Comisión de la Verdad frente a la extradición es que se priorice todo el proceso de investigación y juzgamiento, y sobre todo que se garantice que la verdad se dice aquí y que la extradición sea una última instancia frente a Estados Unidos o cualquier otro país”, señaló Alejandra Miller.
La integrante de la Comisión de la Verdad también manifestó que la extradición debe ser un relacionamiento mucho más equilibrado con el resto de países, ya que cuando Colombia pide a otro país la extradición de una persona, el proceso es “muy complejo y difícil”.
Así mismo, la comisionada aclaró que no se está pidiendo que se acabe con la figura de la extradición en Colombia, pero que “sí se limite a que sea prioritaria la verdad de las víctimas las que se garantice antes de extraditar a todas estas personas que tienen la verdad del conflicto armado”.
“Las víctimas del conflicto armado necesitan escuchar y saber esas verdades que también tienen estas personas”, puntualizó la comisionada Alejandra Miller.
Lea el informe completo:
Comisión de la Verdad pide eliminar gradualmente el servicio militar en Colombia
En el extenso documento que entregó la Comisión de la Verdad al país hay otra serie de recomendaciones. Una de estas tiene que ver con la forma cómo miles de jóvenes se han involucrado en el conflicto armado, a veces sin que medie su voluntad.
“En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”, dice el escrito. El documento critica la “militarización” que por años ha imperado en las políticas públicas con relación a los jóvenes y especialmente el servicio militar obligatorio, que existe en Colombia desde 1886.
“El servicio obligatorio ha involucrado principalmente a jóvenes campesinos y de escasos recursos. A pesar de que en 2017 se reconoció la objeción de conciencia, en general, los jóvenes están obligados a prestar el servicio. Los criterios para aplazar la obligación favorecen a quienes estén estudiando, por lo que se termina incorporando como conscriptos principalmente a los jóvenes más vulnerables, con menor acceso a la educación”, señala.
El informe agrega que el servicio militar “también afecta diferencialmente a las comunidades étnicas, pues transforma la vivencia tradicional de sus miembros y deslegitima al Estado dentro de ellas. No obstante, en las últimas décadas se ha fortalecido la profesionalización de la Fuerza Pública”.
Y culpa especialmente a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe de haber extendido esa práctica aún más. “Así mismo, se amplió el servicio militar, principalmente a través de la figura voluntaria de ‘soldados campesinos’ que prestaban el servicio en medio tiempo, en sus lugares de residencia, y el otro medio tiempo lo ocupaban en sus actividades cotidianas”, agrega.
Teniendo en cuenta esto, en sus recomendaciones a mediano plazo, la Comisión asegura que es importante para el país ajustar la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía para que esta sea acorde con los cambios realizados a partir de la nueva visión de seguridad.
Con ese fin, propone específicamente: “Realizar ajustes normativos e institucionales necesarios para eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar y transitar hacia un servicio social en instituciones civiles”.