El informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia, que empezó a conocerse desde este martes, revela un capítulo sobre narcotráfico en el país.
Allí, la institución confirma la preocupación del gobierno norteamericano por la infiltración de dineros de los narcos a las campañas de varios expresidentes.
“La Comisión tuvo acceso a documentos del Gobierno estadounidense donde representantes y agencias mostraban serias preocupaciones por el nivel de penetración que podían llegar a tener estos dineros en las campañas de 1974, ganada por Alfonso López Michelsen; la de 1978, ganada por Julio César Turbay Ayala, y la de 1982, donde López Michelsen intentó ser reelegido”, se lee en el documento que contiene más de 800 páginas.
La Comisión de la Verdad aclaró que es difícil precisar quién financió a quién, “pero es claro que el sistema político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática –sobre todo a nivel regional– y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político”.
En el informe, la entidad dirigida por el sacerdote Francisco de Roux informó que, desde 1977, en los cables enviados por su embajada al Gobierno de los Estados Unidos, se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes de campañas presidenciales de períodos anteriores y se planteaba que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos del Gobierno era la principal amenaza para la sobrevivencia de las instituciones democráticas”.
Sin embargo, “en muchos de esos cables es claro que la preocupación de Estados Unidos estaba relacionada con el compromiso de colaboración de Colombia con las agendas de dicho país (como las políticas de presencia de sus pilotos en operaciones antidrogas, los programas de desarrollo alternativo, la erradicación con herbicidas y la extradición)”, se lee.
Según los testimonios que, de acuerdo con la Comisión, recogió durante los cuatro años de investigación, “la entrada de dinero del narcotráfico en las campañas presidenciales fue una de las formas en que el narcotráfico obtuvo poder y control político”.
Recordó la entidad que, en el período de la configuración de los carteles de Medellín y Cali, el tema central de disputa política fue la extradición a Estados Unidos, uno de los principales temores de los narcotraficantes de la época.
“Los señalamientos por el involucramiento del narcotráfico en la política han salido de los propios narcotraficantes. En julio de 1984, el expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) se entrevistó con narcotraficantes en Panamá, donde dijo que ellos confirmaron rumores que circulan acerca de cheques que comprometían a funcionarios públicos, recibidos durante la pasada campaña presidencial. La Comisión de la Verdad entrevistó a conocidos narcotraficantes del Cartel de Cali, que confirmaron una frecuente relación y apoyo económico a diferentes políticos, particularmente miembros del Congreso, senadores y representantes de quienes entregaron a la Comisión los nombres”, dice el informe.
“El Estado colombiano no ha establecido una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas. Por el contrario, en la década del noventa, el despliegue del narcotráfico y el paramilitarismo detonó en dos procesos fundamentales que terminaron de quebrar la legitimidad del régimen político e inauguraron una nueva etapa donde el clientelismo y la corrupción aumentaron”, agrega.
Uno de ellos, según la Comisión de la Verdad, fue el proceso 8.000. “En él, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aduciendo falta de pruebas, sobre la responsabilidad del presidente Samper en la infiltración, ciertamente comprobada de dineros del Cartel de Cali en su campaña, ordenó el archivo del proceso que se adelantaba contra el presidente Samper por infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña. El proceso deterioró las relaciones de Colombia con Estados Unidos, situación que puso en juego la estabilidad institucional del país”, concluyó la entidad.
El segundo proceso ocurrió en la historia política más reciente. “El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la Ley de Justicia y Paz que facilitó el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, reveló que en 2005 el 35 % del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas”, dijo el informe orientado por De Roux.
Por último, la Comisión de la Verdad consideró que la penetración del narcotráfico obedece a un entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se funda en el beneficio y la acumulación de capital, pero también en redes clientelistas y relaciones familiares.