"Queremos saber qué vamos a perdonar", decían las víctimas de El Salvador

En tiempos de guerra lo primero que se esconde es la verdad. Por eso, para el país y las víctimas cobra tanta importancia que este miércoles haya prendido motores la comisión que tendrá la tarea de contarle a Colombia y el mundo qué fue lo que pasó en los 50 años de conflicto: ¿por qué se llegó a esos extremos de violencia? ¿quiénes fueron los más afectados? ¿quiénes fueron los responsables?Semana.com habló con Guillermo Fernández Maldonado, director adjunto de la oficinal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y miembro de la Comisión de la Verdad en El Salvador, sobre las lecciones que dejó la experiencia del país centroamericano a Colombia. Semana.com.: ¿Por qué pasó a la histórica la Comisión de la Verdad de El Salvador?Guillermo Fernández.: Ocurrió en 1993. Era parte de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado interno en El Salvador entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno. Fue la primera Comisión de la Verdad en el marco de procesos de paz. Un encargo que se les hizo a las Naciones Unidas.Semana.com.: ¿Qué características tuvo?G. F.: Sólo contábamos con los antecedentes de Argentina y Chile. Aun así, esos casos no eran en el marco de un proceso de paz y fueron muy acotados. Además teníamos seis meses para hacer todo el trabajo. Éramos veinte personas y parte de los requisitos que se establecieron fue que los integrantes de la Comisión de la Verdad no podían haber trabajado en temas de El Salvador y mucho menos haber vivido allí. La idea fue que todos debíamos ser una hoja en blanco, lo que implicó un reto enorme. Si uno compara con el proceso colombiano -25 años después- hay una serie de experiencias, marcos normativos claros y mucho más material para apoyarse.Semana.com.: ¿Cuál es el perfil de quienes integraron la comisión?G. F.: Todos eran extranjeros, no había ningún salvadoreño. Digamos que los comisionados eran tres: el expresidente Belisario Betancur, el excanciller de Venezuela Reinaldo Figueredo y Thomas Buergenthal que es un reconocido académico de Derechos Humanos sobreviviente del holocausto judío. Ellos tres presentaban el informe y detrás tenían un equipo de 20 personas con experticia en temas relacionados con derechos humanos pero no sobre El Salvador.Semana.com.: ¿Jugó a favor o en contra que todos los integrantes fueran agentes internacionales?G. F.: El afán que se tenía era conquistar la máxima imparcialidad posible. Sin embargo, hay una enorme deficiencia, si se puede decir así, entender el contexto y la evolución en ese tiempo siendo extranjeros iba a ser muy difícil y más cuando teníamos que seleccionar casos y tendencias puntuales. Tienen ciertas ventajas que sean de afuera pero los nacionales conocen muy bien lo que ha pasado. Es cierto, pueden tomar un partido u otro. Sin embargo, en todos los países hay gente que es muy equilibrada y genera confianza. En realidad son opciones diferentes, esta fue la primera que se hizo y con esos recursos pero ya los casos previos como Chile y Argentina con nacionales con informes que tuvieron un impacto muy fuerte.Semana.com.: ¿En qué consistió ese trabajo que desarrollaron durante seis meses?G. F.: Recogimos denuncias. Hubo una época en la que trabajamos de ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Escuchábamos denuncia tras denuncia. Aun así en la puerta siempre había una fila larguísima de personas con sus casos. No podíamos atender la demanda de mucha gente. Incluso, el informe tenía que ser sobre tendencias y el mandato decía que debíamos centrarnos en aquellos actos que causaron mayor conmoción. En principio el tema del lenguaje fue una barrera y hasta tocó hacer un diccionario. La gente llegaba y te decía: "estábamos chiniando al cipote y vino taca taca y salimos en guinda. En principio uno no tenía la menor idea de lo que decían. Ese tema lo resolvimos rápido porque estar preguntando y preguntando también es una forma de revictimizar a la gente.Semana.com.: ¿Cómo les fue con la verdad que entregaron? ¿Llenaron las expectativas?G. F.: Por el tiempo y el mandato no fue posible abarcar todo. De lo que uno se da cuenta es que las víctimas quieren un reconocimiento que les devuelva la dignidad. Es decir, muchas de ellas decían a mí me mataron a mi mamá, mi hermano, mi madre y mi hijo, y encima me dicen que es mentira lo que yo estoy diciendo. En el caso de El Salvador se eligieron casos emblemáticos que revelaban que muchos casos similares efectivamente eran ciertos. Esa condición dio la facultad de mencionar con nombres y apellidos los perpetradores. Durante el proceso las partes se comprometieron a implementar las recomendaciones que sugiriera la comisión.Semana.com.: Por ejemplo...G. F.: Uno de los casos que causó mucho impacto fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Al final el informe señaló que los que habían dado la orden de asesinarlos fueron Ministro de Defensa y todo el alto mando del momento.Semana.com.: ¿Qué recomendaciones hicieron?G. F.: Que se suspendiera por diez años la posibilidad de que las personas mencionadas en el informe participaran en cargos públicos, entre ellas comandantes del FMLN. Sin embargo, la reacción por parte de la institucionalidad fue emitir una amnistía general. El argumento era que de lo contrario se impediría el avance de los actores que estaban en el proceso de paz. Hace pocos días la Corte Suprema de ese país declaró inconstitucional esa ley porque los delitos de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser derogados como se pretendía. Ahora se abrió la puerta a una investigación judicial.Semana.com.: Entonces, ¿esa Comisión de la Verdad también fue extrajudicial?G. F.: Lo normal es que no tenga capacidad jurisdiccional. El tema de la verdad es un derecho al margen de la parte judicial. Las víctimas quieren saber qué pasó o quieren que se ratifique públicamente lo que ellos dicen y evidencian que es verdad.Semana.com.: ¿Qué efectos tuvo las recomendaciones, por ejemplo, excluir a tanta gente de la política?G. F.: Las recomendaciones que tienen que ver con reforma a la administración de justicia, reforma del Ejército y la Policía fueron parciales. De hecho, parte de los análisis dos décadas después es que muchos de los problemas que afectan en este momento a El Salvador tienen que ver precisamente con no haber tomado en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. En el tema de la política el tema sí ha funcionado, en el sentido de que ha habido alternativa. Se pasó de un empate político militar a una participación en política y este es el segundo gobierno del FMLN. Sin embargo, esa convivencia no sólo debe generarse en lo político. La sociedad necesita vivir en un marco de seguridad, sin ella no hay posibilidad de disfrutar los derechos.Semana.com.: ¿Qué participación social hubo en esa construcción de la verdad?G. F.: Teníamos una serie de atribuciones como: entrevistar a cualquier persona, mantener nuestras fuentes y su información de manera confidencial. Además la Comisión tuvo apoyo técnico en el ámbito jurídico y, por ejemplo, en antropología forense. Incluso pasó algo particular. En Estados Unidos se creó una paz force para apoyarla. Eso sí, con mucho cuidado pero con un apoyo verdadero. Participó el Departamento de Estado y el FBI ante quienes podíamos plantear preguntas o solicitar análisis técnicos como comparación de fotos.Semana.com.: Ustedes tenían unos lineamientos tácitos, en el caso colombiano no tanto ¿será una dificultad tanta información?G. F.: Colombia lo tiene cuesta arriba. Esto, en el sentido de que son miles de casos en cinco décadas. Sin embargo, a diferencia de El Salvador tienen un aparato institucional mucho más fortalecido. El reto es que coloquemos esto en la perspectiva correcta y quienes están en el centro son las víctimas. La justicia transicional busca facilitar que se cumplan los derechos de las víctimas sin importar el bando en el que los señalados hayan estado. Si han participación en las violaciones, que se debe reconocer la garantía de no repetición. Después de eso, según corresponda a cada ley, se le aplica una pena. No es una feria de regalos, a usted le están concediendo algo porque usted tiene que hacer algo en favor de las víctimas.Semana.com.: Algunas víctimas piden enfáticamente penas punitivas, ¿cómo encontrar el punto de equilibrio?G. F.: Es muy difícil. El sistema de justicia transicional está pensando en las víctimas. Si uno ve cuántas de ellas han logrado llevar sus casos a la justicia y el número de las que han llegado a una sentencia condenatoria, son un mínimo. Claro eso es bien por ellos y por la justicia que cumplió su rol pero, ¿qué pasa con ese otro 98 % que no llegó?Semana.com.: Como quedó planteada la Comisión de la verdad en Colombia, ¿es muy ambiciosa?G. F.: En estos temas tenemos que ser ambiciosos, estamos hablando de derechos. No son negociables. Colombia tiene un acuerdo en mucha mejor posición que lo que logró El Salvador. Hay 25 años entre uno y otro y de eso se ha beneficiado Colombia. Muy claramente en el acuerdo de paz se habla de que las víctimas están en el centro. Sí vemos acuerdos ambiciosos el Guatemala que quiso abarcar todos los aspectos que tenían que ver con las causas del conflicto. Parte de las lecciones aprendidas fue que sí tenían razón en el diagnóstico pero era muy difícil enfrentar todos los temas que estaban en la base de este tipo de conflictos al mismo tiempo.Semana.com.: Y... ¿Colombia?G. F.: Han identificado temas que son absolutamente estratégicos: rural, drogas y participación política. Hay un tema que es fundamental ¿con qué contamos para implementar? Y definitivamente el Estado colombiano es mucho más fuerte de lo que era en su momento El Salvador. El tema que está pendiente es cómo hacemos para que todas las fuerzas políticas y sociales aquí se alineen y sean objetivas.Semana.com.: ¿Cómo manejar el tema de los falsos testigos?G. F.: Ellos van a poner todo de su parte pero se necesita apoyo político y de todos los actores que tuvieron un papel en el conflicto. Esto es un mecanismo al cual pueden recurrir pero sino se van a la vía ordinaria. Lo que está claro en ambos casos es que no estamos hablando de impunidad. Las víctimas tienen derecho a la verdad. Todas las partes llevaron a sus denunciantes había una comisión de derechos humanos vinculadas a las fuerzas armadas, organizaciones cercanas a la guerrilla pero luego una multitud de organizaciones que no estaban ni con unos ni con otros. Claro, hay que tener apertura para recibir denuncias de todos lados. Otra cosa es la manipulación de la información. Por eso hay que verificar una y otra vez y fue muy importante la información que compartían otros países.