La Comisión de Paz del Congreso nació gracias al acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc. Sus integrantes se han dedicado a discutir sobre el conflicto armado y la necesidad de seguir avanzando en una salida negociada para ponerle fin a cualquier forma de violencia. En medio de la pandemia, la comisión ha realizado diez sesiones virtuales, un debate de control político, dos foros, siete audiencias públicas, cuatro conversatorios y nueve reuniones programáticas, en las que participaron los 25 congresistas. Uno de los que tuvo mayor relevancia fue el que analizó el anuncio del cese al fuego unilateral por parte del ELN durante la pandemia. Varios políticos hicieron un llamado para que otras organizaciones al margen de la ley se unieran a esta iniciativa.
Este debate fue el primero que se hizo en forma virtual en el Congreso, cuando el Poder Legislativo estaba paralizado y se discutía si se sesionaba o no de manera virtual. El debate de la Comisión de Paz abrió paso a otras discusiones en el Senado a través de la plataforma Zoom. Los congresistas también discutieron sobre el asesinato de líderes sociales y citaron a funcionarios del Gobierno, de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, entre otros. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que uno de los mayores logros fue llegar a consensos en el caso del asesinato de líderes sociales. “Es un tema que nos duele a todos y es prioritario. Tiene una causa que es el narcotráfico y si en Colombia no logramos avanzar en ponernos de acuerdo en cuáles son las causas de las violencias, muy difícilmente las vamos a poder derrotar”.
Valencia destaca el papel que ha cumplido la Comisión en los territorios en los momentos en que ha podido hacer presencia. “Hay que destacar la presencia de la Comisión en las regiones. Por ejemplo, los importantes debates de control político que se han dado con relación a los líderes sociales, que creo que fue una gran audiencia. Y de las cosas más interesantes que se han logrado es que nos hemos propuesto sacar decisiones de manera unánime que obligan a un mínimo de consensos entre los congresistas”, afirma la senadora del Centro Democrático. En la misma línea, el presidente de la Comisión, Roy Barreras, destaca que antes de la emergencia el trabajo en las regiones venía siendo fundamental, y recuerda que “antes de la pandemia nos habíamos desplazado a los territorios en casos de suma gravedad. Estuvimos en Tumaco, en Catatumbo acompañamos el caso de Dimar Torres, en Tierralta (Córdoba) estuvimos unos días después de la muerte de María del Pilar Hurtado, entre otros momentos importantes”. Barreras también dice que el papel de la Comisión de Paz ha sido importante porque sirve como puente para llevar hasta los organismos de control las denuncias de los líderes sociales y los excombatientes de la guerrilla para que el Estado les pueda hacer el debido seguimiento. Igualmente, destaca el papel de la corporación al estar atenta de los espacios de reincorporación (ETCR) en los cuales los exguerrilleros se encuentran haciendo su proceso de reintegro a la legalidad. Por otro lado, Barreras también menciona que ha sido fundamental para la Comisión atender las denuncias y los casos de reclutamiento forzado de menores de edad como víctimas fatales de hechos delictivos y violentos. “Los niños están siendo reclutados y los ponen como carne de cañón en los combates de grupos armados organizados. Registramos casos en el Cauca y en Putumayo, en los que se presentan combates entre grupos criminales e ilegales como en combates con las Fuerzas Armadas, como ocurrió en Argelia, Cauca, en abril de este año, en condiciones que aún no están claras y en donde terminan involucrados menores”, dice Barrera.
El senador Antonio Sanguino, quien también forma parte de esta Comisión, menciona que “la virtualidad y la imposibilidad de viajar a las regiones afectó la dinámica de una Comisión que ha estado muy presente en el terreno, examinando la implementación del Acuerdo de Paz y atendiendo los problemas de violencia y asesinato de líderes sociales, de excombatientes y amenazas contra los espacios territoriales”. El papel facilitador de la Comisión Otra de las labores de este grupo de congresistas ha sido su trabajo como facilitador con grupos armados al margen de la ley. Al respecto, Barreras menciona que “la gran tarea de la Comisión estos años ha sido la construcción de espacios de diálogo para intentar la solución conversada a los conflictos”. Y recuerda que la Comisión desempeñó un papel importante en los diálogos de paz con las Farc, tanto así que Barreras terminó siendo negociador del Acuerdo. Además, dice que con mediación de la Comisión se logró pactar un cese al fuego bilateral con el ELN y acercar a posibles diálogos; sin embargo, con el atentado a la Escuela General Santander, esto se frustró.
Por su parte, Paloma Valencia aclara que “la Comisión no tiene autorización legal ni constitucional para adelantar diálogos, ya que esto le corresponde solamente al Ejecutivo. La Comisión de Paz puede facilitar ambientes, pero no puede ni siquiera ser parte de esos diálogos, a menos que lo invite el Gobierno”. Sanguino menciona que la labor de la comisión es “seguir presionando al Gobierno y al ELN para que hagan gestos de paz, evitando que se sigan registrando hechos de violencia por parte del grupo armado que alejen la posibilidad de un diálogo y solicitándole al Gobierno que reabra esta posibilidad de negociación”. Igualmente, el senador del Partido Verde no está de acuerdo con el trabajo que ha realizado el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y critica el hecho de que el Gobierno no ha mostrado interés por negociar o adelantar diálogos con el ELN. Agrega que esto se ha evidenciado también en las relaciones internacionales, poniendo el caso de Cuba.
Por ahora, la Comisión de Paz debe esperar a que comience la siguiente legislatura para seguir en las discusiones, que hasta ahora no tienen esperanza de volver a los territorios o al Capitolio nacional. Así mismo, el asesinato de líderes sociales, el reclutamiento de menores y la violencia en las regiones continúa aumentando en medio de la pandemia y, a primera vista, no parece haber una solución pronta por parte del Estado para mejorar los indicadores de estos problemas que llevan décadas en el país.