El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, el magistrado Alfonso Cajio Cabrera, anunció que la Corte Constitucional avaló las facultades de policía judicial, establecidas en la Ley Estatutaria que actualiza la Administración de Justicia en el país.
Pero esto qué significa. El magistrado Cajiao explicó que con esa decisión “directamente, por sus propios funcionarios, se podrán realizar las labores forenses de la consecución de pruebas en auxilio de todas las ciencias que nos permitan una investigación integral mucho más eficiente. También podremos contar con la colaboración y se podrán dar órdenes de policía judicial, a los cuerpos técnicos de la Fiscalía y la DIJIN”.
Esto significaría más dientes para el control jurisdiccional disciplinario que se encarga de investigar a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, y a los abogados en ejercicio de su profesión.
La norma señala específicamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrá ejercer las funciones de policía judicial que se requieran en ejercicio del control jurisdiccional disciplinario, sin perjuicio de la colaboración que pueda solicitar a los órganos que ya tienen facultades de policía judicial, quienes están obligados a prestarla de manera gratuita para el aseguramiento y la práctica de pruebas y diligencias que demande el trámite procesal, así como el apoyo técnico prioritario que se considere necesario para el éxito de las investigaciones”.
La Comisión de Disciplina, por ejemplo, investiga al fiscal Mario Burgos, quien lleva el proceso contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, por supuestamente haber compartido información de la investigación. Recientemente, la magistrada Magda Victoria Acosta, se declaró impedida para llevar el caso de Nicolás por los vínculos que tuvo en el pasado con el entonces exalcalde de Bogotá, Petro.
Recientemente, la Comisión también investigaba a un conocido abogado de Yopal, Casanare, identificado Jhonny Alexander Cristancho Medina, quien supuestamente inició dos procesos judiciales contra la reconocida cirujana Alexandra García, aparentemente para apoderarse de los bienes que habrían sido adquiridos por la médica argumentando “convivencia”.
Así mismo, la entidad tiene la posibilidad de imponer sanciones como ocurrió en el caso de la exfiscal Carmen Sofía Castilla, quien terminó destituida e inhabilitada por 15 años, tras ser hallada responsable de pedir una millonaria suma de dinero a un empresario a cambio de favorecerlo en un proceso judicial.
Con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, la Comisión de Disciplina encontró probados hechos de corrupción de parte de la funcionaria que fungía como fiscal seccional de Bogotá, quien, según advierte la decisión, “valiéndose de las funciones legales y constitucionales que le atribuía su investidura, contactó a un ciudadano que figuraba como investigado en uno de los asuntos que instruía su despacho”.