El diario norteamericano The Washington Post presentó un reporte detallado de varios informes sobre contratos que, al parecer, firmaron algunos delegados del gobierno interino de Juan Guaidó durante el proceso de identificación y recuperación de activos de Venezuela en América Latina.

En esos contratos mencionan, por ejemplo, a Javier Troconis, comisionado presidencial para la gestión de activos de Venezuela; a José Ignacio Hernández, a quien Guaidó nombró en 2019 como procurador, y a un abogado argentino que fue identificado como Sebastián Vidal y con quien, según el informe, se pactó el pago de una comisión de 26 millones de dólares.

“Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por ‘The Washington Post’, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares con PDVSA que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares)”, señala el informe del diario estadounidense.

La investigación de ‘The Washington Post’ reveló, además de los borradores de los contratos, entrevistas con quienes aparecen mencionados en esos informes, muchos confirmando las denuncias y hechos investigados.

El mismo Javier Troconis le dijo al diario que se puso en contacto con el abogado argentino por recomendación de los miembros de la oposición venezolana y que estaba autorizado para negociar algunos acuerdos en la devolución de activos. Además, presentó las pruebas de esa autorización, según dijo, proveniente de Juan Guaidó.

“El comité de la Asamblea Nacional también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi $1,7 mil millones del Ministerio de Alimentos de Venezuela”, señaló el diario.

Por su parte, José Ignacio Hernández, el designado procurador de Guaidó, aseguró que esos acuerdos con Paraguay se hicieron sin conocimiento o autorización de los “supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó”.

“Habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 % del acuerdo, o más de 26 millones de dólares”, se lee en los informes que también desarrolló el medio venezolano Globovisión.

Troconis y la firma de abogados, insistieron a ‘The Washington Post’ que los acuerdos fueron pactados con conocimiento del presidente interino Juan Guaidó, aunque en los informes preliminares no quedaron explícitos dichos acuerdos.

Ante este hecho y las nuevas evidencias reveladas por el diario, el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, advirtió que Troconis no estaba autorizado por el gobierno interino, pues el único designado para estos oficios, firmar acuerdos o negocios con abogados, es precisamente el fiscal general.

“El único autorizado para firmar contratos con bufetes de abogados o empresas de recuperación, en nombre de la República o empresas estatales, es el fiscal general de la República… Cualquier contrato firmado por personas distintas de las mencionadas en la respuesta anterior será ilegal y, por lo tanto, inválido”, dijo el fiscal de Guaidó a través de un correo electrónico a The Washington Post.

Otros medios digitales también hicieron un resumen de la investigación del diario norteamericano para explicar quién es Javier Troconis Calderón y su importancia en el gobierno interino de Juan Guaidó.