Los grupos armados están desempolvando la violencia en el Meta para llenarse los bolsillos de dinero. Aunque pocas personas lo dicen en voz alta, los criminales ganan poder mientras negocian con el Gobierno nacional su transición a la legalidad.
Las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo encontraron en este departamento una mina de oro. La Gobernación alertó que la mayoría de los comerciantes están sometidos diariamente a la extorsión y, por temor a las represalias, no se atreven a denunciar.
En efecto, con base en los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, las quejas por exigencias económicas y amenazas cayeron más del 40 por ciento frente al 2022, que fue menos turbulento.
Aunque el orden público se ha sacudido desde hace un largo tiempo y algunos municipios ya son comandados por los ilegales, se expuso la situación ante el país cuando se advirtió que las conductas delincuenciales podrían migrar a Cundinamarca y Bogotá.
SEMANA presenta una radiografía del terror que se vive en la región y los clamores para recibir el auxilio de la fuerza pública, que reafirma la presencia de los criminales, pero desconoce el supuesto control que ejercerían sobre los pueblos.
Los protagonistas
La cabeza visible de la crisis es alias Iván Mordisco, un sangriento guerrillero que se alejó de la reincorporación de las Farc y se aferró a su fusil para hacerle contrapeso al Estado. Él reapareció el 16 de abril para anunciar la fecha en la que volvería a hablar de paz.
Las disidencias del Estado Mayor Central se mueven entre Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca y Nariño. Son señaladas de múltiples homicidios, desplazamientos forzados, narcotráfico, entre otros delitos que investiga la Fiscalía.
Arrancó como una fracción pequeña y se habría multiplicado con rapidez. Así lo anunció el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga: “Ellos mismos dicen que tienen presencia en el 50 por ciento del territorio, y en el sur del Meta caminan como Pedro por su casa”.
El riesgo también lo protagonizan las disidencias de la Segunda Marquetalia que, aunque alzaron las mismas banderas en el pasado, rompieron relación y se repartieron el poder del territorio. Son menos hombres frente al grupo que manda alias Iván Mordisco.
En el otro extremo está el bloque Meta del Clan del Golfo, que actúa con el respaldo de las bandas locales. Y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una presencia inferior si se compara con las capacidades de los anteriores grupos.
Los hechos
Las extorsiones son el fenómeno que más preocupa, pues limitan el mercado y la circulación. Las multas empezarían en los 20.000 pesos y se extenderían hasta el millón de pesos. Pocos ciudadanos se salvan de las escandalosas imposiciones.
“Nosotros hemos dicho y no es broma: tienen extorsionada hasta la señora de las arepas de la esquina. Tienen control de todo”, manifestó el mandatario del Meta. En la lista de afectados se encuentran petroleras, ganaderos, agricultores, conductores y comerciantes.
Por ejemplo, los guerrilleros pasan por las fincas midiendo las hectáreas y emiten el recibo de cobro con base en la suma del terreno, cuentan las cabezas de ganado para que el propietario reparta las ganancias y conocen cuántos litros de leche salen en camiones.
La Asociación de Transportadores de Carga agregó que la extorsión se calcula en este departamento con el tamaño de los automotores y el tipo de carga. En un solo recorrido, les exigirían hasta 400.000 pesos a cambio de poder rodar libremente por las carreteras. Mientras tanto, las agencias de turismo fueron obligadas a costear las extorsiones como condición para pasear con los viajeros en los sectores que ellos mismos consideren.
Todo aquel que salga de un predio debe tener colgado un carné con información específica para que los ilegales los puedan identificar y no confundirlos con extraños en medio de su férrea lucha por el control de la tierra: nombre, teléfono y lugar de residencia.
Las advertencias
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que sospecha que 26.000 personas estarían en riesgo por las vulneraciones a los derechos humanos. Esta cifra solo cobija a los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral.
Asimismo, en Uribe y Mesetas las vidas que podrían estar comprometidas serían 19.000, de acuerdo con datos de 2020. Mapiripán y La Macarena tendrían un riesgo similar por la incursión de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Los daños son asesinatos, amenazas y extorsiones. En el peor de los casos, los grupos armados podrían enfrentarse y agudizar una batalla campal por el control del territorio, quedando los civiles en medio de las balas e interminables intimidaciones.
El Ministerio Público aseguró en un texto extendido al Gobierno que, “de no atenderse preventivamente, podrían alcanzar un nivel de afectación equiparable al vivido antes de la firma del acuerdo de paz, épocas en las que las Farc impusieron su orden social”.
Esta alerta temprana se emitió el 16 de febrero de 2023 y los temores se estarían cumpliendo al pie de la letra conforme al panorama planteado por la Gobernación del Meta, pues indicó que los grupos delincuenciales se estarían tomando los municipios.
El gobernador Zuluaga señaló que las instituciones están haciendo labores importantes para frenar la alteración del orden público en el Meta, pero se requiere más liderazgo, pues el anhelo de la paz total no puede significar bajar la guardia.
“La fuerza pública trabaja, pero no son suficientes los esfuerzos que se hacen. Se tiene que hacer mucho más para poder contener esta amenaza. Nosotros acompañamos el anhelo sobre la paz total, pero conteniendo el crecimiento de estas organizaciones”, manifestó.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, informó que sí hay una injerencia de los grupos armados, pero esto no se podría interpretar como un control ilegal del territorio. Además, la institución tiene planes para garantizar la seguridad.