Justo cuando once departamentos del país se enfrentan a la ola de horror como consecuencia del paro armado del Clan del Golfo, en protesta por la extradición de su máximo jefe, Dairo Úsuga, alias Otoniel, lo que deja al menos seis muertos, decenas de vehículos incinerados y escasez de alimentos y medicamentos, el candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro propuso un proceso de paz con todos los actores ilegales, en el que está incluido este grupo criminal.
El pronunciamiento de Petro sobre el “proceso de paz integral” se dio en respuesta a un video del promotor de paz Álvaro Leyva, en el cual muestra su respaldo a las propuestas del Pacto Histórico en relación con la paz.
En el video, Leyva asegura que, en caso de ganar Petro, se iniciarían procesos de paz con el ELN, las disidencias de las Farc (entre las que está la denominada Segunda Marquetalia de Iván Márquez), además de que se abrirían las puertas “también para diálogos con el Clan del Golfo”.
En respuesta a esta publicación, Petro complementó la información: “Desde el primer día de mi gobierno se reconocerán los protocolos que el gobierno Santos firmó con los estados garantes de la paz. Iniciaremos el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia y propondremos un gran pacto de la sociedad para la convivencia”.
Poco después de este mensaje, Petro hizo otro pronunciamiento controversial en el mismo sentido: anunció una “segunda oportunidad” para “los paracos”.
“Los paracos, que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad; como [en] todas las sociedades, deben tener una segunda oportunidad”, indicó el candidato del Pacto Histórico.
Si bien Petro no ha explicado en detalle bajo qué condiciones sería este “proceso de paz integral” con todos los grupos ilegales, en las últimas semanas ha dado algunas luces sobre lo que sería su idea.
Una de las propuestas de Petro en este sentido ha sido la llamada “JEP para narcotraficantes”.
“Procesos jurídicos de sometimiento colectivo a la justicia, lo que implica beneficios jurídicos a cambio de no repetición de la actividad narcotraficante, eso puede usted llamarlo una JEP para el narcotráfico”, explicó el candidato del Pacto Histórico en un video revelado a principios de abril.
No se puede olvidar que tanto el Clan del Golfo como las llamadas disidencias de las Farc tienen el narcotráfico como su actividad principal, según han señalado los informes de las autoridades.
El 13 de marzo de 2021, en entrevista con SEMANA, Petro propuso también revisar la figura de la extradición al argumentar que “mi justicia es la justicia colombiana”.
En dicha entrevista, el candidato presidencial del Pacto Histórico dijo: “Si yo soy el presidente de Colombia, discúlpame, mi justicia es la justicia de Colombia. No la justicia de otro tipo de poderes o intereses económicos. Pero no arrodillarme a poderes extranjeros. De eso a mí no”.
Esto coincide con las visitas que hizo la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba a cárceles en Colombia, en las que, según indagan las autoridades, se habría encontrado con extraditables, a quienes supuestamente les habría ofrecido no ser extraditados si Gustavo Petro es elegido presidente.
Perdón social
Estas propuestas del candidato del Pacto Histórico reviven la polémica por el llamado “perdón social” del que se habló cuando su hermano, Juan Fernando Petro, estuvo reunido en la cárcel La Picota de Bogotá con varios condenados por diversos delitos, supuestamente, para ofrecerles rebajas de pena.
Juan Fernando Petro estuvo en la cárcel La Picota para hablar con varios condenados por corrupción, parapolítica y concierto para delinquir, entre otros delitos. Entre los presos, como ya se sabe, hubo varios exalcaldes y exgobernadores, además de Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, y Álvaro ‘El Gordo’ García, quien paga cárcel por la masacre de Macayepo.
El hermano del candidato presidencial del Pacto Histórico fue más allá sobre el perdón social que trataron en la charla con los condenados. “De la parte del perdón social que los motiva es saber si podría haber para ellos, desde el punto de vista de ellos, una rebaja de penas”.
En Colombia ya existe la Ley 1908 de 2018, conocida como ley de sometimiento a la justicia, que busca justamente que grupos armados organizados se puedan someter colectivamente a la justicia a cambio de beneficios penales. Se establece, además, la posibilidad de reclusión en granjas agrícolas, que podrán ser de máxima, mediana o mínima seguridad para que los condenados que se hayan acogido a esta norma paguen sus penas.
Sin embargo, lo planteado por Petro, además de la posibilidad de “beneficios jurídicos”, plantea la duda sobre si se crearía una nueva jurisdicción especial, lo que implicaría, en caso de ser similar a la JEP, que los narcotraficantes tendrían sus propios jueces y un sistema de juzgamiento especial. Además, se hablaría de revisar la figura de la extradición.
Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de los excombatientes de las Farc, que son juzgados por la JEP, a pesar de que son acusados de graves delitos, aún no han perdido sus derechos políticos y algunos de los líderes pueden estar en el Congreso como parte del acuerdo de La Habana.