Los avances en la investigación que adelanta la Fiscalía contra la red criminal que presuntamente conformó el senador liberal Mario Castaño, tienen temblado a contratistas, lobbistas, funcionarios de Gobierno y en especial a los alcaldes, que habrían terminado cediendo y pagando jugosas comisiones a cambio de contratos que eran empujados desde Bogotá. Uno a uno han venido siendo capturados estos alcaldes.
En total son seis los mandatarios locales que ya fueron capturados: Ronal Villegas del municipio de Suárez, Cauca; Gloria Raigoza, de Alcalá, en el Valle del Cauca; Medardo Ortega, de Armero, Tolima; los otros tres son del departamento de Caldas, de donde es oriundo el senador Mario Castaño. Se trata de Andrés Felipe Aristizábal, de Villamaría; Jonathan Vásquez, de La Merced, y Diego González, de Aguadas.
Algunos fueron capturados días atrás, porque desde hace una semana la Fiscalía ha venido realizando la legalización de las capturas de estos mandatarios, que con pruebas en mano están siendo judicializados, todo en el marco de este gigantesco escándalo, en el que, a medida que va avanzando sale al descubierto que la red del liberal Castaño le apuntaba a todo, servicios de salud, obras públicas, los parques Sacúdete y todo tipo de inversión pública.
No solo se trata de los alcaldes. SEMANA conoció con altas fuentes de la Fiscalía que en este momento se desarrollan las capturas de más contratistas y funcionarios involucrados, una operación sigilosa en la que serán decenas de personas las que serán presentadas ante la justicia. Al punto que se espera un anuncio del propio fiscal Francisco Barbosa.
Tanto la Fiscalía, como la Corte Suprema de Justicia, tribunal encargado del juzgamiento de Castaño en su condición de senador aforado, están avanzando rápidamente en las pesquisas, al punto que vienen anuncios de gran envergadura.
Las autoridades están siguiendo una nueva línea de investigación. Se trata de personas cercanas al senador Castaño que de una u otra manera harían parte de esta red de corrupción y que están ubicados en cargos clave del Congreso de la República. También siguen la pista a actuales congresistas que tuvieron vínculos políticos, personales y hasta de negocios con el senador liberal.
La red criminal se habría aprovechado de esas posiciones estratégicas en comisiones del Congreso, para desde ahí utilizar sus influencias para quedarse con los millonarios contratos. Es por eso que la Fiscalía y la Corte están indagando cada vez más sus círculos cercanos.
También están revisando su incidencia en reconocidas empresas de comunicaciones en Quindío, Risaralda y Caldas, en donde sus directivos dieron un salto a la política, al parecer de la mano de Castaño, quien habría puesto a personas clave en esos medios para sacar jugosos contratos.
Testigos de este entramado judicial cada vez están entregando más información a las autoridades, en un nuevo capítulo de esta historia de corrupción donde, al parecer, aún hay mucho que destapar.
Las autoridades no solo están revisando alcaldías locales como se ha dado hasta el momento. Los tentáculos de Castaño podrían llegar a alcaldías de ciudades capitales y gobernaciones.
La relacionista
SEMANA reveló los interrogatorios de dos de las personas más cercanas a Castaño, la lobista Nova Lorena Cañón y Santiago Castaño. Sus declaraciones fueron demoledoras, contaron cómo intervenían en los procesos de contratación, se acercaban a funcionarios del orden nacional para asegurar el direccionamiento de los recursos públicos y cómo se repartían el jugoso botín que les llegaba por millones.
Las declaraciones de Cañón ponen contra las cuerdas al senador Castaño; a su mano derecha, Juan Carlos Martínez (hoy prófugo); a los alcaldes de diferentes municipios de Tolima y Caldas; a Sandro Condía; a un candidato a la Cámara por Boyacá, del Partido Liberal, y que se quemó, y a funcionarios, contratistas y particulares. Sus testimonios han resultado tan contundentes que la propia Corte Suprema de Justicia, que tiene tras las rejas al senador Castaño, ya citó a Cañón para que sea testigo de cargo contra el otrora cacique político del Eje Cafetero.
Cañón se movía como pez en el agua entre los medios de comunicación, periodistas, empresarios y funcionarios de distintas entidades gubernamentales.
Esas características, en especial su cercanía con miembros del Gobierno, hicieron que entrara al círculo de confianza de Castaño. En sus declaraciones, con celular en mano, contó en detalle cómo, bajo la batuta del senador, sus tentáculos alcanzaron a llegar a varios ministerios.
La lobista, a diferencia de versiones que circularon en medios, dejó claro que se aprovechó de la amistad que tenía con la mamá del expresidente Iván Duque, Juliana Márquez. Así se lee en el interrogatorio al que tuvo acceso SEMANA. ”Pregunta: ¿precise a la Fiscalía el papel que jugó la señora Juliana Márquez en los hechos narrados por usted en este interrogatorio”, le planteó el ente investigador. Cañón respondió: “Ninguno”.
La señora Juliana Márquez nunca se enteró de los pagos que me hizo el senador; incluso, ella desconocía que yo trabajaba con el señor Mario Castaño, es una persona ajena a la situación. Ella desconocía el tema de MinCultura, el pago que recibí de las ambulancias; desconoció el pago que me iban a dar de los Sacúdete. Le puedo decir que ella sabía que yo iba a las gestiones, pero ignoraba el interés económico que recibía de Castaño y de los alcaldes que, por ejemplo, me pagaron de las dos ambulancias”.
Uno de sus socios
Santiago Castaño, por su parte, señaló directamente al senador de beneficiarse con millonarias coimas y hasta mano de obra en inversiones personales en contrapartida por la entrega a dedo de jugosos contratos de obras públicas. SEMANA reveló en exclusiva los siete interrogatorios, ante la Fiscalía, en los que este empresario detalla minuciosamente cómo fue esta danza de los millones, en la que cada uno obtenía una tajada, siempre bajo la batuta del senador liberal, hoy tras las rejas.
Además de su declaración, entregó la información de su computador y de su celular, en los que tenía recibos, consignaciones y documentos de los contratos. Habla de su participación en diferentes entidades, como Proyectar Quindío, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el MinDeporte y la UNGRD.
No se trata de mordidas de poca monta, los millones se contaban por miles. Así queda claro en los extensos interrogatorios, pues se habla de contratos hasta por 10.000 millones de pesos, y cómo manejaban dinero en efectivo en bolsas de basura con cifras de más de 500 millones.
La historia de la participación de Santiago en la maraña de corrupción empieza, según narró a la Fiscalía, cuando lo contactó la mano derecha del senador Castaño, Juan Carlos Martínez, hoy prófugo de la justicia, a quien conocía de años atrás. Se reencontraron y le propuso entrar en el “negocio” con su empresa Top Ingeniería S. A. S. y la consecución de otras empresas que usaban como fachada para captar los negocios, especialmente en Caldas, Risaralda, Antioquia, Tolima y Chocó, donde el congresista liberal ya tenía sus alfiles listos para absorber la contratación.
Con el tiempo, y a medida que avanzaban los contratos y la circulación de dinero corrupto en la red, su amigo Juan Carlos Martínez lo fue acercando al círculo más íntimo del senador Castaño. Tanto fue así que varias de las reuniones se hicieron en su lujoso apartamento en el exclusivo sector de Chapinero Alto, en Bogotá, donde incluso llegó a quedarse.
El escándalo
SEMANA fue el medio que hizo público este escándalo. Según la Fiscalía, no había duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspiraba a su tercer período como senador y efectivamente fue reelegido.
“En virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”, señaló la Fiscalía.
Los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.
En ese momento, SEMANA reveló varios audios en los que quedaba en evidencia cómo la red corrupta de Castaño apuntaban a todo tipo de contratos, y contaban al detalle cómo se repartían las funciones y el dinero del presupuesto público.
En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez (prófugo de la justicia), a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.
En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. “Este hijueputa llega, y se va hacer un negocio, y le digo: ¿Mario y qué va hacer? Dijo: no, voy a prolongar lo de licores, eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año, y yo: ah hp, ¿y eso por cuánto? Dijo: por 15 años… no, pues… y sale de allá y le digo: ¿cómo le fue? Y me dijo: bien, hermanito. ¿Y le renovaron eso? Dijo: sí, me renovaron eso y me dieron el Tránsito, y yo: eh no joda hijueputa, o sea que usted queda lleno y pide postre”.
Además, en el mismo diálogo, se habla que en Chocó también les habrían prometido entregarles el negocio del Tránsito. Castaño y Martínez, en otra comunicación, hablan de montar Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), donde los conductores tienen por obligación tramitar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.
“Me puse a hacer estudiar eso de los CDA y ya tengo la vuelta; cómo es esa vuelta, papi, pero esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después habilitarla, porque las resoluciones cambiaron, o sea uno tiene que hacer el CDA, comprar la maquinaria, hacer un CDA completo, de cero. Vale lo que yo le digo a usted y usted no me creía”, le dice Martínez al senador.
El congresista le responde que en el Cauca ya tiene alcaldes que podrían ayudarlo para los CDA y le reprocha a su asesor que hay que estar pendientes de la plata: “Juan, usted, marica, se va pa’ allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, güevón, uno tiene que ser empresario primero que ser político, güevón, usted es muy bobo, güevón”.
En otro aparte de las llamadas interceptadas entre ambos, se habla de una donación de 1.500 millones de pesos al exalcalde de Popayán César Cristian Gómez Castro, candidato a la Cámara en el Cauca por el Partido Liberal, que cuenta con el apoyo del senador Castaño.
El congresista, según las pesquisas, le habría sacado una tajada de 100 millones de pesos a cada obra del proyecto ‘Sacúdete’, un programa del Gobierno nacional que consiste en la construcción de obras cuyo valor oscila entre 1.400 y 3.000 millones de pesos.
De acuerdo con las interceptaciones, en poder de esta revista, Castaño y los demás investigados hacían la gestión de los recursos ante el Gobierno, cuadraban a los alcaldes y contratistas y se quedaban con las obras. Por cada ‘Sacúdete’, de acuerdo con los audios, Castaño exigía una coima de 100 millones de pesos. Así lo cuenta Martínez en su diálogo con el contratista Santiago Castaño. “De los ‘Sacúdete, el hombre me dijo: son 2.400, creo, y me dijo: usted me responde por 100 por cada uno”.
En otra interceptación telefónica, Martínez le cuenta al contratista Santiago Castaño que les está yendo muy bien con los negocios y le hace un resumen de lo que le expresa el congresista. “Ese man está feliz, güevón, está feliz; él me dijo: Juan, es que este año usted sale de todas las deudas, güevón. Me dijo: eso sí, con lo que va a ganar (...) yo no lo quiero ver comprando carro, no lo quiero ver comprando nada, güevón, deje la plata pa’ que se monte en sociedades conmigo en empresas, que yo le pongo a producir esa mierda. Dijo: yo sé hacer plata (...) deje ese billete que yo le digo dónde lo ponemos, hijueputa, y nos metemos en sociedad en cosas”.
De la red del senador Mario Castaño formaban parte presuntamente integrantes de su equipo de trabajo, lobistas y contratistas en diferentes departamentos. Por lo menos 70 personas en total estarían involucradas en esta organización criminal.
En las últimas horas, los investigadores ya capturaron a Lorena Cañón, una relacionista pública al servicio del congresista; al contratista Santiago Castaño y a su hermana, Claudia Marcela Castaño; a Alejandro Noreña, señalado además de exigirles coimas y favores sexuales a las personas que ayudaba a ubicar como contratistas en diferentes entidades del Estado; y a Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Jeiler Javier Sánchez, Wílmar Herrera y Harvis Arturo Rentería.
Estos tres últimos estarían implicados en la operación delincuencial en el Chocó, donde el senador Castaño se habría beneficiado de la prórroga del contrato para la comercialización, distribución y venta de aguardiente Platino, a través de la firma LicoChoco S. A. S. El gobernador de ese departamento, Ariel Palacios, en julio de 2020, le pidió permiso a la asamblea departamental para tener facultades y así prorrogar dicho contrato, tal como ocurrió.
Juan Carlos Martínez, de 37 años, nacido en Manizales, la mano derecha del senador Castaño, está hoy prófugo y es buscado por las autoridades. Otra persona pendiente por capturar es John Alexánder Sánchez, un contratista conocido con el alias de El Pato, quien habría sido clave para lograr una cesión calificada de irregular de un contrato de mitigación del riesgo en Manizales por unos 17.000 millones de pesos.
Martínez, según el expediente, “era el principal responsable de mantener comunicación con mandatarios, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos”.
Así mismo, anota que Martínez habría coordinado “pagos y distribuciones de coimas, administró recursos de la organización delictiva, tiene participación societaria por interpuesta persona en la empresa Top de Ingeniería S. A. S., empresa que ha sido beneficiada de manera indebida en contratación estatal en varios municipios”.
Martínez, al parecer, lavaba parte de la plata de la corrupción en bienes inmuebles del senador Castaño, entre ellos una finca en Manizales y un hotel en Orito (Putumayo), que aparecerían registrados a nombre de terceras personas.
En el caso de Daniela Ospina, el expediente agrega que tenía una relación sentimental con el congresista y actuaba en ocasiones como una intermediaria entre Castaño y el propio Martínez. La mujer, de 32 años, es señalada de manejar, custodiar y administrar “dinero en efectivo del grupo delincuencial”. Ospina vivía con Castaño en una residencia donde, según las pesquisas, “se guardaban grandes sumas de dinero en efectivo”.