Las cifras de inseguridad están disparadas en Colombia. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló en medio del foro ‘Seguridad en Colombia, ¿qué está pasado?’, que se trata de un fenómeno producto del boom de economías ilegales como el narcomenudeo, la trata de personas, el tráfico de armas y la minería ilegal. A lo que se suma el ingreso de una gran cantidad de personas a estas redes criminales como consecuencia de la difícil situación económica que vive el país, y de una falta de planificación por parte del Estado para combatir estos grupos.
Los panelistas señalaron con preocupación que no se puede entender la falta de control territorial de la Policía en los espacios públicos urbanos. Advirtieron que esta situación es la que está oxigenando el actuar de la delincuencia común y organizada, lo que genera un panorama social muy conflictivo. Germán Duque Morales, gerente corporativo del Grupo Superior de Seguridad, resaltó que la mayoría de delitos como el robo de celulares y bicicletas –los que más afectan a los ciudadanos del común– son excarcelables. “Eso genera una desconfianza enorme por el aparato de justicia”, advirtió.
Desde el Gobierno se radicó el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana con el propósito de fortalecer las acciones penales contra los delitos de mayor impacto. Es decir, aumentar las penas y disminuir los beneficios. Sin embargo, Carlos Medina, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Asocapitales, aseguró que a esta propuesta le hace falta un capítulo sobre el tema carcelario: “El resultado de esta política sería más gente en las cárceles y no las tenemos”.
Uno de los problemas que se evidenció durante este encuentro –organizado por Foros Semana y Seguridad Superior– fue la falta de capacidad de la Policía Nacional en las ciudades. Según la ONU, para garantizar la seguridad en una zona urbana son necesarios 300 policías por cada 100.000 habitantes. En Colombia, apenas hay 247 policías. Esto significa que en ciudades como Bogotá hacen falta 10.000 policías.
Ante esta realidad, Duque Morales sostuvo que desde la Dirección de la Policía Nacional ya se habla de una articulación con la vigilancia privada que, según sus cálculos, supera tres veces el pie de fuerza de la institución policial. Así mismo, hizo un llamado al Gobierno para realizar un cambio normativo que le permita a la seguridad privada entrar a participar en los proyectos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción y administración de centros de reclusión.
Entre algunas de las soluciones para mejorar la seguridad, se expuso la reforma a la Policía. El senador Rodrigo Lara y Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado de Colombia, coincidieron en que esta transformación debe incluir una formación hacia una policía más urbana, por ejemplo, que no solo tenga la capacidad de entender el mapa del espacio público de la ciudad, sino que incluya protocolos de actuación mucho más eficaces.
Durante este espacio se hizo un llamado para que se tramite la reforma a la Justicia. Los expertos fueron claros en que la dinámica de la seguridad pasa por la judicialización y hay un vacío bastante grande. Por último, se enfatizó en que si bien el presupuesto para la defensa es de los más altos, urge una mayor eficiencia y reasignación de prioridades en el gasto público de seguridad que permita tener políticas y estrategias bien estructuradas para combatir la criminalidad.