Una gravísima confusión y una sorpresa terrorífica se llevaron los habitantes y las autoridades municipales del municipio de Los Andes-Sotomayor, en el noroccidente de Nariño, donde miembros de las disidencias de las Farc realizaron patrullajes en moto, como si se tratara de la Fuerza Pública del país o como Pedro por su casa.
Fernando Delgado, el alcalde del municipio de Los Andes-Sotomayor, aseguró que al principio pensó que se trataba del Ejército Nacional y que posteriormente se dio cuenta de lo que ocurría. “Pensamos que era el Ejército que estaba realizando acciones de registro y control”.
De acuerdo con el alcalde, este lamentable y alarmante hecho es la primera vez que se registra en el municipio y que algunos testigos le indicaron que los guerrilleros estaban pidiendo papeles a los ciudadanos y otros documentos, y que además hicieron requisas.
Lo anterior denota un grave problema de violencia, aunque solo sean aparentes patrullajes “de control” o inofensivos, pues atemoriza a la población y origina desplazamiento forzado.
Pese a los momentos de pánico que se vivieron en el municipio, el mandatario municipal manifestó que pudo ser incluso peor y que la Policía Nacional intervino para evitar un enfrentamiento armado, pues a esa hora, cuando los guerrilleros se paseaban por las calles había muchas personas aún fuera de sus casas.
Por su parte, el gobernador de Nariño, John Rojas, hizo un llamado al Gobierno nacional a través de su cuenta oficial de Twitter señalando que necesitan medidas urgentes para garantizar la seguridad en el municipio.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional, Infopresidencia, MinDefensa, PoliciaColombia, COL_EJERCITO, FiscaliaCol, grupos al margen de la ley hacen presencia en Sotomayor (Nariño). Rechazamos la intimidación a comunidades y pedimos medidas urgentes para garantizar seguridad”, trinó el mandatario departamental.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz denunció que estos grupos armados siguen afectando de manera directa a la población civil y piden que hagan gestos de paz, tal como se han comprometido con Gobierno nacional en el marco de alcanzar la ‘paz total’. En los municipios de Corinto y Miranda ubicados en el norte del departamento del Cauca, también se registraron enfrentamientos entre las estructuras del ELN y las disidencias de las Farc.
“Desde el Gobierno nacional instamos de manera urgente a estos grupos armados a detener sus acciones bélicas y a ceñirse a las normas del DIH, que ambas organizaciones dicen respetar [...] Colombia necesita ver gestos de buena voluntad de quienes aseguran ser partidarios de una paz integral que cimiente la democracia con justicia social y ambiental en los territorios. De lo contrario, quedará en entredicho la legitimidad de cualquier esfuerzo en la búsqueda de una paz dialogada con grupos que aseguran tener un origen político”, se lee en un comunicado oficial de la entidad.
Además de esto, se conoció que tanto campesinos como indígenas no están de acuerdo con el accionar de estos grupos armados ilegales. Los continuos combates mantienen a estas comunidades en confinamiento.
“La Oficina de Paz ha constatado los graves impactos de esta guerra territorial en las comunidades, que hoy se mantienen confinadas y en riesgo de desplazamiento. Por este motivo, la OACP prepara una nueva MisiónPaz que acudirá a la zona crítica de los enfrentamientos.
Las comunidades y autoridades indígenas y campesinas del norte del Cauca han manifestado de todas las maneras posibles su hastío frente a la permanente situación de miedo y peligro a la que son sometidas por los grupos armados ilegales que hacen presencia en sus territorios”, se lee en el documento oficial.
El Gobierno nacional y la guerrilla del ELN firmaron a comienzos de mes el cese al fuego en La Habana (Cuba), un primer paso con el cual la población espera recuperar un poco de tranquilidad; sin embargo, cuán al ‘pie de la letra’ estará ese grupo ligado a lo pactado mantiene en vilo al país. Uno de los puntos de incertidumbre es si continuarán delinquiendo como base de su financiación.
En este aspecto entran, por ejemplo, los secuestros. Respecto a lo establecido en la nación caribeña, se estipuló que “el 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal”. Este tendrá una duración inicial de 180 días bajo la expectativa de si se prolonga o no.