La Comuna 13 de Medellín es como una herida abierta en la ciudad. Desde hace más de una década ha vivido ciclos de violencia, en los que se ha probado todo. Desde la intervención militar en 2002, que convirtió sus callejuelas en un campo de batalla, hasta la más intensa inversión social, que incluye una extensa línea de Metrocable, dos colegios enormes justo donde hoy hay más enfrentamiento entre bandas, una inmensa biblioteca dotada de computadoras y toda clase de actividades culturales, unidades deportivas, parques, subsidios a 30.000 familias pobres, 15.000 jóvenes con ayudas educativas, bandas de música, coros y un largo etcétera, que son parte de lo que está haciendo la Alcaldía. Una Casa de Justicia instalada en todo el corazón de la comuna también apunta al mismo objetivo: frenar la acción de los grupos criminales que dominan los barrios más altos de este sector, que en general actúan en todas las laderas que son frontera de la ciudad. Hoy en la Comuna 13 se produce el 30 por ciento de los homicidios de Medellín, que ya es de por sí la ciudad con mayor tasa de muertes violentas del país. Basta montarse en uno de los vagones del Metrocable para darse cuenta de que las soluciones no son rápidas ni fáciles. Desde la altura se puede ver el laberinto de callejones, túneles y recovecos, de casas apiñadas construidas ladrillo a ladrillo por la misma gente. "Son barrios refugio de los pobres expulsados de la ciudad, donde todo es autoproducido y con una tendencia al autocontrol", dice Nubia Ruiz, investigadora de temas urbanísticos de la Universidad Nacional. En una investigación reciente, Ruiz pudo comprobar que en ciudades donde los cerros han sido ocupados de esta manera, como Río de Janeiro y Caracas, el Estado tiene más problemas para llegar que en territorios planos, donde hay más oportunidades para el diseño urbanístico. "Hay más disputas por el territorio y economías subterráneas muy fuertes", dice. De hecho, en Medellín ya se han empezado a desarrollar proyectos urbanísticos que 'oxigenen' los cerros y rompan el laberinto de sus calles. En la Comuna 13 se está planeando una carretera que comunicará esas alturas con el corazón de la ciudad, para acabar con su marginación y densidad. A la complejidad de la topografía de la ciudad se le suma el aprendizaje que han hecho las bandas criminales en un cuarto de siglo de violencia. Medellín ha tenido escuelas de sicarios del narcotráfico y enterró toda una generación de niños gatilleros en épocas del cartel de Medellín. Después, la Comuna 13 y barrios como Moravia, en el centro de la ciudad, y los populares en el nororiente de la ciudad, se vieron controlados por las milicias guerrilleras que ejercían control cuadra por cuadra. Y aunque el gobierno negoció con un sector de estas milicias, la mayoría de sus miembros murieron en las calles, bien por disputas entre ellos o porque se mantuvieron en lo que en la jerga paisa se llaman 'torcidos', es decir, la extorsión, el secuestro y el homicidio. Pero hubo grupos de milicias que no negociaron y que tenían en la Comuna 13 su propio 'Caguán', pues allí no podía entrar el Estado. Incluso en 2002, el entonces alcalde, Luis Pérez, fue atacado a tiros cuando subió en una misión oficial a estos barrios. El presidente Álvaro Uribe buscó una solución militar: la Operación Orión, dirigida por el Ejército, algo que nunca se había hecho en la ciudad, y logró sacar a la guerrilla de la zona a sangre y fuego. No obstante, esta operación dejó sembrada la semilla paramilitar, y una ola de desapariciones forzadas y asesinatos les dieron el control a las AUC en esta comuna. Las disputas entre narcotraficantes y paramilitares significaron un nuevo baño de sangre para estos barrios, que se frenó temporalmente por un nuevo pacto de paz, esta vez con las AUC. Extraditados los jefes, sus subalternos volvieron a las calles a disputarse el control y las jugosas ganancias de la venta de droga, la extorsión y los juegos de azar. Hoy, las bandas criminales mantienen esos tres legados: son expertas en matar, al mejor estilo de la mafia; controlan el territorio como lo hacían las milicias, y tejieron una red de corrupción con sectores de las autoridades y políticos, como les enseñaron los paramilitares. Según el investigador Jairo Bedoya en Medellín se afianzó, auspiciado por ciertos sectores, un modelo de "protección violenta" que tiene un amplio mercado y se ha convertido en una industria sólida, más allá de ser un problema de mafia. Sus pistoleros se venden al mejor postor y cambian de jefe cada tanto. Según el analista León Valencia, una interpretación sobre lo que ocurre en Medellín tiene que ver con la parapolítica. Los paramilitares se aliaron con empresarios, funcionarios y políticos no solo de Medellín sino de los municipios vecinos y de Antioquia. Ese proyecto sigue vigente, según las investigaciones adelantadas por la Corporación Nuevo Arco Iris. "Hay sectores interesados en desestabilizar el gobierno de la ciudad y el proyecto político que inició Sergio Fajardo". Muchos analistas coinciden con Valencia. De hecho, hace pocas semanas un fiscal cerró la investigación preliminar al alcalde Alonso Salazar, y las conclusiones del ente investigador son reveladoras. Asegura que políticos de la ciudad, y con nombre propio el ex alcalde Luis Pérez, habrían fraguado junto a los desmovilizados de las AUC un montaje contra Salazar con el objetivo de golpear la gobernabilidad de Medellín. Por eso, en todos los mentideros políticos de la ciudad se comenta lo mismo: que grupos con intereses electorales están azuzando la violencia para derrotar la corriente de Sergio Fajardo en 2011.Por su parte, el alcalde Salazar cree que lo más crítico actualmente es que la justicia no ha sido capaz de castigar a los jefes de las bandas. "Esto no es un problema de violencia juvenil. Los jefes de estas bandas son gente de 40 o 50 años que lleva más de dos décadas al frente de estas organizaciones criminales", dice. Sebastián, Valenciano, los miembros de Los Triana y La Terraza, personajes identificados claramente por las autoridades, no son bandidos de barrio sino miembros de mafias nacionales con tentáculos incluso internacionales. Por eso, cree Salazar, el tema tiene que involucrar a las autoridades nacionales. De hecho, la próxima semana se debatirá el tema en el Congreso porque Medellín no es una excepción, aunque es el caso más grave. Cali, Pereira, Barrancabermeja y la propia Bogotá son ciudades a las que las bandas criminales han puesto contra la pared en materia de seguridad.Sin embargo, hoy la Comuna 13 es el símbolo del fracaso de las políticas de seguridad urbana en el país, y el éxito o fracaso de lo que allí se haga es un reto no solo para el alcalde Salazar, sino también para el presidente Juan Manuel Santos, que prometió una política de seguridad urbana exitosa. Ambos tendrán que ponerles imaginación a las soluciones urgentes. Porque, en todo caso, hay dos caminos que parecen descartados: el militar, dado que la Operación Orión terminó como un remedio peor que la enfermedad, y los pactos con estos grupos, una solución que le dio una tregua al conflicto al principio de este año, pero que en el largo plazo no es viable. "Sin justicia es muy difícil que prosperen las iniciativas de convivencia", dice el alcalde. Especialmente porque, en 25 años, tanto la guerra como la paz han servido para fortalecer al crimen organizado en Medellín.