Entre 2005 y 2006, el coronel Jerson Jairo Castellanos Soto, quien se desempeñaba como jefe de seguridad en el Congreso de la República, acudió de manera frecuente a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ubicada en el occidente de Bogotá, con el fin de contactar jóvenes alféreces y ganarse su confianza.
Después de darles regalos e invitarlos a salir, el oficial los inducía a cometer actividades sexuales. Por estos hechos, cinco alféreces lo denunciaron ante la Fiscalía General, junto al también mayor Wilmer Torres, quien fungía como jefe de sección de la Escuela General Santander.
En la denuncia se señalaba claramente que el mayor Torres fue cómplice de las aberraciones del coronel Castellanos Soto, facilitando la salida de las instalaciones de los jóvenes de la Escuela para que acudieran a los encuentros sexuales promovidos por el oficial.
Por estos hechos, en agosto de 2023, los dos oficiales fueron condenados a 10 años y cinco meses de prisión, específicamente por el delito de constreñimiento a la prostitución. Tras resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de los dos procesados, la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó el fallo condenatorio.
El fallo de segunda instancia le dio validez absoluta a los relatos de los cinco alféreces que señalaron la forma como fueron abordados por los coroneles, así como las presiones que recibieron y hasta las amenazas de las que fueron víctimas para que no contaran nada de lo ocurrido.
“Las víctimas se encontraban en un contexto restringido de autonomía (libertad e igualdad) por subordinación, pues reconocieron la existencia de una disciplina que determinaba la manera como debían comportarse”, señala uno de los apartes del fallo.
En este sentido, se advierte que los alféreces se vieron afectados por la llamada cadena de mando y la jerarquía que prima en las fuerzas del orden. “Wilmer Torres, al ser superior de las víctimas, aprovechó ese mundo para manipular sus conciencias, con presiones para que accedieran a las pretensiones de Castellanos de intercambiar sexo por dinero u otros beneficios, lo que se define en el tipo penal”.
En varias oportunidades, según señala la denuncia, el entonces mayor Torres les advertía que siguieran sus órdenes y no denunciaran; de lo contrario, sus carreras se verían bastante afectadas. “Torres, al ser autoridad para las víctimas, las compelía para que salieran con Castellanos y aceptaran sus propuestas, pues les insistía en que tuvieran cuidado con él, que, por el poder que tenía, podía arruinarles su carrera o ejercer otro tipo de represalias”.
Esto fue tomado por el Tribunal como una clara muestra de las amenazas que recibieron los denunciantes. “Decirle a las víctimas que arruinarán sus carreras o que recibirán represalias, si no accedía, es una manipulación de su conciencia y voluntad, para que accedieran al objetivo de su conducta, esto es, que satisficieran a Castellanos a cambio de dinero o dádivas”.
El Tribunal va más allá y asegura que “Castellanos determinó a Torres para que ejecutara el delito, pues, en provecho de su posición y para satisfacer su ánimo libidinoso, lo instigó para compeler a los alféreces que le gustaron a ejercer la proposición”.
Esta mezcla de fuerzas permitió la explotación sexual al interior de la Escuela General Santander. Las presiones ejercidas se vieron reflejadas durante los procesos penales y disciplinarios, pues los cinco alféreces se mostraron nerviosos y temerosos cuando iban a declarar. El proceso disciplinario se archivó a favor de los dos coroneles.
“Lo anterior porque recibieron amenazas de Torres sobre lo que dirían ante la inspección de la Policía y de manera directa, la libertad de las víctimas para declarar los hechos”, cuestionó la Sala, que determinó que los hechos denunciados en efecto ocurrieron. “El bien de la libertad e integridad sexual se afectó porque los constreñimientos de Torres, en las que siempre se recalcó el poder de Castellanos, generó en las víctimas una presión indebida, infundiendo temor en relación con su carera policial futura”.
“Fue esa coacción de mando, de superior jerárquico, lo que generó que los jóvenes cedieran a salir, contestar llamadas y recibir regalos e invitaciones, comprometiéndose de esta manera el bien jurídico protegido, pues se afectó la esfera interna de las víctimas” concluye el fallo.