Varias comunidades de Guainía se encuentran en alto riesgo como consecuencia de la acción de los grupos armados ilegales que operan en ese departamento y que, según la Defensoría del Pueblo, se financian de la explotación ilegal de minerales.
El organismo emitió la Alerta Temprana 03 de 2023 en la que se advierte la situación que enfrentan los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales) y áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe.
Desde el Sistema de Alertas Tempranas se evidenció que en ese departamento los grupos armados organizados adelantan la explotación ilegal de oro y coltán, además del narcotráfico, para financiar sus actividades.
Según el documento, esta situación pone en riesgo los derechos de los habitantes de esa región del país, por lo que llamó la atención de estas organizaciones armadas ilegales para que cesen estas actividades y de las autoridades nacionales, departamentales y locales, y se tomen acciones para proteger a las comunidades afectadas.
“En la Defensoría del Pueblo encontramos que esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados y les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia, y de imponer el control territorial y social”, aseguró el titular de ese despacho, Carlos Camargo Assis.
El funcionario indicó que “bajo este contexto la población civil está expuesta a graves vulneraciones de sus derechos fundamentales. Por eso les solicito a los grupos armados organizados que detengan de inmediato sus acciones contra la población civil y que acojan la propuesta de paz del Gobierno Nacional, como la oportunidad para brindarles tranquilidad a las comunidades en estos territorios”.
Grupos que operan Guainía
La Defensoría advirtió que en ese departamento hacen presencia el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.
Sin embargo, en el documento se advierte sobre “un interés por incidir en esta zona por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo)”.
La Alerta Temprana también advierte que las poblaciones indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave y Yeral de las cuencas de los Ríos Inírida, Atabapo y Guainía son las que sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.
Dentro de la población en riesgo están las personas defensoras de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales. Además, se evidencia reclutamiento de ciudadanos venezolanos y de niñas, niños y adolescentes.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió 33 recomendaciones para que tanto las autoridades del orden municipal, departamental y nacional, como la Fuerza Pública, tomen medidas urgentes de prevención con el propósito de que se disuada, mitigue o controle el riesgo para los habitantes de los municipios alertados.
Finalmente, Camargo Assis recordó que el espíritu de las alertas tempranas es eminentemente preventivo y buscar movilizar a toda la institucionalidad del Estado para evitar la consumación de los riesgos advertidos.
Cifras de minería ilegal
Un informe de la Contraloría General de la República advirtió que el 85 % del oro que exporta el país es producto de la ilegalidad y genera problemas graves en el medioambiente en las regiones donde se hace esa extracción.
De acuerdo con el estudio, la minería ilegal de oro está envenenando los ríos y destruye los bosques y ecosistemas. “Colombia está en presencia de una masacre ambiental”, indicó el contralor delegado sector Infraestructura.
Además de la minería, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y la agroindustria también contribuyen a la deforestación en el país, que es considerado uno de los más biodiversos del mundo.
Un monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) hizo unos hallazgos preocupantes en esta materia durante la vigencia de 2021.
“13 de los 32 departamentos presentan Evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), en tierra, con un total de 98.567 hectáreas; el 88 % se concentra en Chocó, Antioquia y Bolívar, y 10 municipios concentran el 54 % de la presencia del fenómeno, de donde se extrae el 26 % de la producción de oro nacional”, según el informe.
Añadió: “Vale anotar que solo una baja porción de las EVOA detectadas se encuentran dentro del marco legal: el 65 % corresponde a explotación ilícita y cerca de la mitad de la EVOA en tierra se encuentra en zonas excluibles de la minería”.