Elías Larrahondo Carabalí, nuevo gobernador del Cauca, no está de acuerdo con el regreso de la aspersión con glifosato en ese departamento para tratar de disminuir los cultivos ilícitos. En cambio, pide mayor inversión en recursos para la implementación efectiva de los planes de sustitución. “Las comunidades rechazan la utilización del glifosato en el Cauca”, precisó el mandatario regional tras conocerse que el Gobierno Nacional presentó el pasado 30 de diciembre el borrador del decreto para retomar la aspersión aérea con este herbicida en el país. Con borrador de decreto, Gobierno activa su plan para la reanudación del glifosato Esta estrategia, utilizada por muchos años en el país, fue suspendida por el expresidente Juan Manuel Santos, luego de alertas sobre posibles afectaciones a la salud de las personas que tuvieran contacto con el herbicida. En consecuencia, el control de los narcocultivos quedó ligado esencialmente a la erradicación manual y voluntaria, que se empezó a intesificar en el país tras la firma del acuerdo de paz con la otrora guerrilla de las Farc. Sin embargo, la siembra alcanzó una cifra récord en Colombia de más de 180.000 hectáreas. Muchos de esos cultivos están en el Cauca, especialmente en el norte del departamento. El corredor de los municipios Miranda, Caloto, Corinto y Toribío tiene un amplio crecimiento de sembradíos de marihuana y hoja de coca. El gobernador del Cauca es consciente de eso, pero su apuesta en estos primeros días de mandato es “generar diálogo para lograr acuerdos de sustitución voluntaria”. Con el aumento de cultivos ilícitos en esa región también se multiplicó la presencia de actores armados, muchos de ellos disidencias de las Farc, como las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, así como reductos del EPL, delincuencia común y una tímida aparición del ELN en el municipio de El Tambo. Comunidades indígenas han hecho frente a este fenómeno con la erradicación manual y voluntaria, pero esas estructuras criminales han respondido con asesinatos selectivos y masacres. A la Dagoberto Ramos se le atribuyen la masacre en Tacueyó, Toribío, donde fue brutalmente asesinada la gobernadora indígena Cristina Bautista. En ese corregimiento, incrustado en la cordillera central, las comunidades ancestrales habían adelantado capacitaciones para evitar la siembra de estos cultivos. Al otro lado, en la cordillera occidental, opera la disidencia Jaime Martínez, que está bajo el mando de alias Mayimbú, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 1.000 millones de pesos. El espaldarazo de EE.UU. al decreto con el que despegarían las aspersiones aéreas Ambas estructuras se repartieron el territorio y trazaron como frontera invisible la vía Panamericana. La Dagoberto opera en zona rural de Santander, Caloto, Miranda, Toribío, Corinto; y la columna Jaime Martínez en Suárez, Buenos Aires, Timba, parte alta de Jamundí, Naya y el pacífico caucano. Todas se financian con los cultivos ilícitos, la minería ilegal y las extorsiones. Y aunque los indígenas han puesto los muertos en esta lucha frontal contra el narcotráfico, aplauden la postura del recién posesionado gobernador del Cauca. “Nos parece una solicitud sensata. La aspersión no funcionó antes y tampoco lo hará ahora”, dice Mauricio Lectamo, coordinador del área de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Cree que el anuncio del Gobierno es una medida “facilista, inmediata y mediática”. La solución para las comunidades indígenas es el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de paz: sustitución manual y voluntaria de cultivos.