Gracias a las denuncias ciudadanas, la Secretaría Distrital de Hacienda evidenció nuevamente el envío de cartas falsas a los lugares de residencia de los contribuyentes, con el asunto “Descuento Acuerdo 816 de 2021″, en especial, en Teusaquillo.
De acuerdo con la entidad, estas comunicaciones buscan intimidar a los contribuyentes para que realicen el pago de sus obligaciones tributarias adeudadas, a través de plataformas virtuales, con un supuesto descuento.
Los delincuentes estarían empleando diversas modalidades de engaño para estafar y robar el dinero de los contribuyentes de impuestos en Bogotá.
La Secretaría y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) advierten a la ciudadanía que los estafadores anexan una falsa “factura especial” que indica una fecha límite para cancelar la obligación tributaria, señalando que el no pago es causal de la pérdida del beneficio, el cual es inexistente.
En esas falsas comunicaciones, además, utilizan los datos personales del ciudadano (nombre, número de cédula y dirección), así como los logos de la UAECD, la Alcaldía Mayor y una empresa de envíos.
“No se deje engañar. La Administración distrital, actualmente, no cuenta con alivios, beneficios, descuentos o exoneraciones de intereses de impuestos. Recuerde que, si tiene deuda en lo referente al pago de sus obligaciones tributarias, debe acudir a los canales oficiales”, afirmó la Secretaría.
Las entidades pidieron a los contribuyentes no consignar, enviar o entregar dinero a terceros sin realizar la verificación previa. Todos los pagos deben hacerse a través de las entidades bancarias y mecanismos autorizados de la Secretaría de Hacienda: Oficina Virtual, pago presencial en bancos o por medios electrónicos bancarios.
No es la primera vez que la Secretaría de Hacienda lanza una alerta de este tipo en lo que va de 2022. En junio se denunció que en una carta falsa, los mal intencionados solicitaban el pago de una “nueva factura especial”, a fin de acogerse a falsos alivios y beneficios para deudores de obligaciones tributarias y no tributarias.
Anunciaban al contribuyente el supuesto valor de la deuda e informan que, “gracias al Acuerdo 816 de 2021, podrá acogerse a alivios y ser exonerado del 100 % del pago de intereses o sanciones”.
Cayó estafadora de pensionados
Leidy Daniela Moncada es abogada y amasó una habilidad en el engaño. Las víctimas eran pensionados o quienes estaban por llegar a la edad de jubilación. Les hizo promesas que solo estaban en la patraña de su mente, pero que los pensionados creyeron sin dificultad, gracias a unos documentos que cargaba bajo el brazo. El relato de los hechos está a cargo de la Fiscalía.
Al menos en tres departamentos, la abogada Moncada logró afincar su engaño. En Caldas, Cundinamarca y Guaviare, los pensionados fueron abordados y convencidos de las bondades de un negocio ilegal, pero garantizado, según la misma procesada.
Así, los pensionados terminaron enredados, pagando elevadas sumas de dinero por una idea absurda que estaba en el portafolio de la llamada “estafadora” de pensionados.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, logró la judicialización de la abogada Leidy Daniela Moncada Carmona, quien habría engañado a 19 personas en Caldas, Bogotá y Guaviare, y colombianos que residen en otros países, con promesas de reliquidaciones y obtención de pensiones”, dijo la Fiscalía.
La dinámica criminal, según el fiscal del caso, arrancó con ubicar a los pensionados, incluso residentes en otros países. Le ofrecía la posibilidad de reliquidar las mesadas e incrementarlas. Aquellos que aún no tenían pensión podrían, de acuerdo con la estafa, obtenerla antes de tiempo, solo pagando por el engaño.
“Las evidencias indican que Moncada Carmona, al parecer, captaba la atención de pensionados, a los que les ofrecía reajustes y mejoras en las mesadas. De igual manera, presuntamente, ubicaba a trabajadores que se acercaban a la edad de jubilación y les decía que podían acceder a la pensión, en atención a una supuesta resolución expedida al amparo de la emergencia por el covid–19 que había modificado los requisitos”, advirtió la Fiscalía.
Para completar el engaño, la mujer portaba y presentaba documentos que, según la investigación, soportaban la posibilidad de retirar las pensiones; claramente eran soportes que falsificaba, con el ánimo de garantizar o darles confianza a las víctimas de invertir su dinero, entre tres y cinco millones de pesos por cada trámite.
“De esta manera, al parecer, les cobraba a las víctimas entre un millón y cinco millones de pesos, que corresponderían al 50 % del valor de cada proceso, y les hacía firmar un contrato de prestación de servicios. Adicionalmente, les indicaba que estaban en curso demandas y reclamaciones en los fondos de pensiones, algo que no era cierto”, dijo Constanza Pachón Sánchez, directora seccional Fiscalía Caldas.