En reiteradas oportunidades, el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió respuesta a la Fiscalía sobre varias inquietudes que advertían hechos de impunidad, en crímenes cometidos por grupos paramilitares y el Clan del Golfo. En un evento con los gobernadores sobre temas de seguridad, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que semanalmente se entregan informes al Gobierno nacional. Ahora, y de manera más contundente, la vicefiscal Martha Mancera hizo una “rendición de cuentas” al Gobierno.

A través de un documento de 25 páginas, que se convierte en una radiografía de la lucha contra la criminalidad organizada en todo el territorio nacional, la Fiscalía le responde cada una de las inquietudes que planteó, en diferentes escenarios, el presidente Petro. El documento, incluso, contiene detalles de las investigaciones por el supuesto asesinato de 200 personas a manos del Clan del Golfo. Allí la respuesta de la Fiscalía desbarata esos informes.

Lo que es claro para la Fiscalía, es que el Gobierno nacional ha tenido en sus manos, de manera semanal, un censo sobre la actividad de la Fiscalía y en general la fuerza pública, pero ahondar en los procesos que tienen en curso podría derivar en algunas responsabilidades legales del ente acusador y que no son competencia del ejecutivo.

“La Fiscalía ha suministrado, y así lo tenemos documentado, informes al Gobierno nacional sobre la operación de las diferentes estructuras criminales en Colombia, incluida la entrega semanal de los censos delictivos de la entidad, todo con base en medios de prueba debidamente recaudados en las distintas actuaciones penales”, señala el informe de la Fiscalía.

La respuesta que conoció SEMANA, firmada por la vicefiscal Mancera y dirigida al ministro de Justicia, Néstor Osuna, deja una sentencia clara como conclusión y es la preocupación que persiste en la Fiscalía sobre las órdenes de captura que después de meses se lograron obtener y que la fuerza pública no ha hecho efectivas. Son órdenes de detención justamente contra los principales cabecillas y asesinos de líderes sociales y desmovilizados.

“La no ejecución de estas órdenes de captura pone en riesgo inminente a los ciudadanos de los municipios y zonas rurales de Colombia. Tan solo para mencionar el caso del Clan del Golfo, como ya se expuso, existen, en la actualidad, 688 órdenes de captura sin ejecución, 184 de las cuales se profirieron en contra de cabecillas de esa organización”, explicó la Fiscalía.

Los casos

Respecto a una denuncia que corrió en algunos medios de comunicación, donde se advertía que más de 200 asesinatos en el norte del país no fueron atendidos por el ente acusador cuando previamente se advirtió la sonada criminal del Clan del Golfo, la fiscalía aseguró que bajo ese número de noticia criminal se investigan 21 homicidios de los cuales 12 ya fueron esclarecidos.

“Respecto de 21 homicidios producidos entre los años 2021 y 2022 que fueron materia de reportaje, pero que son ajenos a tal indagación, la entidad ha avanzado en su esclarecimiento exitoso. En efecto, se trata de 18 víctimas en Magdalena y 3 en el Departamento de Antioquia”, explicó la vicefiscal.

En esta misma investigación, la vicefiscal le aclara al ministro de justicia que los hechos constitutivos de delito ocurrieron en municipios particulares de la costa y no en toda la zona norte del país, como advierte un informe de prensa que se nutrió con los datos suministrados por un investigador de la misma Fiscalía.

“Al respecto, es importante agregar que, del monitoreo de las líneas telefónicas interceptadas en el que se ha logrado avanzar, se tiene que sus interlocutores operaban en municipios específicos del Departamento de Magdalena, esto es, Ciénaga, el Retén, Aracataca y Fundación; no en toda la costa atlántica colombiana”, señaló la Funcionaria.

En el desarrollo de la “rendición de cuentas” que hace la vicefiscal, se explican los avances investigativos en materia de lucha contra la criminalidad organizada y cómo en el período, justamente en el que Francisco Barbosa se ha desempeñado como jefe del ente acusador, se ha logrado impactar de manera contundente a estos grupos ilegales.

“Dicha estrategia se centra en impactar y judicializar las estructuras criminales —en sus componentes armado, político y financiero—, desde el esclarecimiento individual de los hechos de violencia más graves del país, para, luego de ello, mediante la asociación de casos y la concentración de la información probatoria de toda la entidad, sostener investigaciones estructurales”, advierte el documento conocido por SEMANA.

Por ejemplo, se advierte que en la región del norte del Caribe, con cinco seccionales de la Fiscalía, entre 2020 y 2023 (corte 31 de mayo), ocurrieron un total de 6.250 homicidios dolosos, de los cuales tienen avances para el esclarecimiento 2.599, para una tasa del 42 %.

“La Fiscalía General de la Nación también ha priorizado la investigación de homicidios colectivos en el territorio Nacional. En los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, la Guajira y Magdalena, en la periodicidad 2020-2023, se han presentado 8 casos, con 36 víctimas de homicidio doloso, sobres las cuales se cuenta con avance de esclarecimiento en 32, para una tasa de esclarecimiento del 90 %”, dice el informe con la firma de la vicefiscal.

Conclusiones

A modo de cierre, este documento incluye unas “reflexiones finales” de la vicefiscal general para dar respuesta al presidente de la república Gustavo Petro sobre hechos de impunidad en investigaciones por homicidios cometidos en el norte de Colombia y a manos de grupos paramilitares como el Clan del Golfo.

Sin embargo, la Fiscalía le reitera al Gobierno nacional que la actuación del ente acusador está sujeta a los hechos posteriores en la comisión de delitos y no en la prevención, que sería competencia de otras entidades como la Policía Nacional. De ahí que las denuncias sobre cómo se pudo evitar los homicidios deben tramitarse en la línea correspondiente.

“Respetado señor ministro, es importante advertir nuevamente que las funciones de la Fiscalía se limitan a la investigación de los delitos y al ejercicio de la acción penal, mas no a la política pública de prevención de tales hechos, que corresponde al Gobierno nacional”, le dice la vicefiscal al ministro Osuna.

De todas maneras, la Fiscalía asegura que están en completa disposición de entregar la información que solicite el señor presidente de la República, previo las condiciones que exige la ley para esa misma circunstancia y que para el caso, es no violar la reserva de los procesos.