El contrato para la alimentación en las cárceles del país está dividido en 17 grupos que sumados alcanzan los 813.000 millones de pesos. Se trata de un multimillonario licitación que hoy tiene serias denuncias sobre su transparencia, incluso algunas advertencias en la Procuraduría y la Fiscalía.
Esta sería la razón principal para que desde la Fundación Cárceles al Desnudo hagan duros reparos a la licitación y a la poca efectividad de los entes de control a la hora de supervisar, vigilar y advertir las posibles irregularidades que afecten la transparencia del proceso. También, desde la misma Fundación reprochan que aun con conocimiento, el Ministerio de Justicia no se pronuncie ante las advertencias.
“Conminamos al Gobierno Nacional a ordenar la suspensión de la licitación que pretende adjudicar más de 813 mil millones para la alimentación de las personas privadas de libertad, la actual licitación no goza de transparencia, ya que sectores políticos están involucrados en la coadministración de la USPEC, dijo Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación.
La directora de la Fundación, envió diferentes comunicados y derechos de petición a los entes de control, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Servicios Penitenciarios - Uspec, la entidad que está a punto de entregar la millonaria licitación. Las respuestas fueron apenas comunicados para remitir a un supuesto competente los reclamos de la Fundación.
“Nuestra fundación le advierte al presidente Gustavo Petro y a la ciudadanía que tiene el derecho de conocer cómo se manejan las entidades del Estado que además de la alimentación, hay otros temas sensibles para los procesos de seguridad y control en las cárceles, que en este momento dependen de la USPEC”, advirtieron desde la Fundación.
Incluso, desde la Fundación, se advirtió que el actual director de la Uspec se encuentra de vacaciones, mientras la entidad está a días de adjudicar el multimillonario contrato. Se trata de un hecho bastante significativo, teniendo en cuenta que la entidad, durante años, ha sido objeto de investigaciones por cuenta de irregularidades en la contratación.
“Con este panorama lamentamos el desinterés del actual ministro de justicia, Néstor Osuna, es absolutamente reprochable que en medio del escándalo suscitado, hoy en la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República celebra la aprobación del proyecto de ley 173 de 2023 “que le otorga competencias transitorias a la cuestionada USPE”, señaló la Fundación.
De ahí la solicitud de la Fundación y que acompañan algunos contratistas que hicieron las primeras denuncias respecto del proceso de licitación y cómo los pliegos de cargos fueron modificados, para ajustarlos a unos proponentes. Se falsificaron documentos, se hicieron reuniones secretas, todo con el ánimo de garantizar la adjudicación a un grupo determinado.
Las irregularidades
SEMANA conoció las denuncias que existían existen respecto de la millonaria adjudicación licitación, los contratistas que participan como proponentes identificaron que en cierto momento del proceso fueron cambiadas las reglas de juego, alterados los pliegos y ajustadas sin previo aviso las condiciones del contrato.
Las denuncias fueron entregadas a la Procuraduría y a la Fiscalía que hasta el momento no se han pronunciado. No hay una investigación preliminar o un aviso de vigilancia sobre esta millonaria licitación. La advertencia resulta clara, pues desde las cárceles y durante años, han denunciado como carteles de la contratación, se quedan con los proyectos en sectores tan difíciles para el sostenimiento de las cárceles como la salud, la alimentación y la vigilancia electrónica.
“La Procuraduría brilla por su ausencia, hasta el momento no ha ordenado vigilancia especial al proceso de adjudicación de los contratos y la Fiscalía que tan rápidamente cuando denunciamos a través de los medios de comunicación el presunto negocio que había con las gestorías de paz en cárceles, inició investigación, hoy ante tan grave hecho se ha limitado a acusar recibo de nuestra comunicación”, señaló Echeverry.
La Fundación incluso advierte que a pesar de las denuncias y las dudas sobre la transparencia de la licitación, el Congreso aprobó un proyecto para darle facultades transitorias a la Uspec y de esta manera entregar la alimentación a las personas que están privadas de la libertad en las Unidades de Redacción Inmediata y estaciones de Policía.