El trabajo conjunto de investigación entre la Fiscalía General y la Dijín de la Policía Nacional dejó en evidencia a un ‘clan familiar’ que reclutaba a jóvenes en Manizales con falsas promesas de empleo, para luego llevarlas a Chile y someterlas a condiciones inhumanas y explotación sexual.
De acuerdo con las pesquisas, esta red ubicaba a las víctimas en áreas marginadas de la ciudad, les tramitaba los pasaportes y les proporcionaba los boletos de avión para trasladarlas desde Pereira a Bogotá y luego a Chile, donde les confiscaban sus documentos y las alojaban en casas de lenocinio en ciudades chilenas como Osorno, Puerto Montt y Temuco.
Supuestamente, a las mujeres se les imponía una deuda que comenzaba en cinco millones de pesos, correspondientes a los gastos de los pasajes aéreos, pero que aumentaba debido a los gastos de manutención en el extranjero y a las multas impuestas por negarse a cumplir con las pretensiones sexuales.
Durante el proceso, las autoridades obtuvieron 350 grabaciones de audio que revelaron la estructura criminal. Además, lograron identificar a 27 víctimas, cuatro de las cuales brindaron testimonios y describieron cómo estuvieron encerradas en inmuebles en condiciones de hacinamiento y falta de higiene que atentaban contra su dignidad. “En estos lugares fueron obligadas a tener relaciones sexuales con hombres contactados a través de dos sitios web”, según Fiscalía.
Las jóvenes también afirmaron que les exigían grabar videos explícitos mostrando sus rostros, y que estos registros los utilizaban como una forma de intimidación para evitar que intentaran escapar, ya que la organización ilegal los enviaba a sus familias para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para ser detenidas y deportadas.
La Fiscalía General recopiló una amplia evidencia que indica que esta organización, aparentemente, giraba sistemáticamente dinero desde Chile a sus contactos en Colombia en 2019, con el fin de cubrir los gastos para reclutar a más jóvenes en la región cafetera y trasladarlas al extranjero.
Siete personas que harían parte de la red, cinco de ellas integrantes de una misma familia, fueron capturadas en Manizales y Bogotá. Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos las presentaron ante jueces de control de garantías y les imputaron distintos delitos según el posible rol que cumplieron.
Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad. Los afectados con la decisión son:
- Beatriz Elena Marín González, alias Betty, presunta articuladora y encargada de la captación y traslado de las víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas y lavado de activos.
- Martha Yolanda Marín González, quien sería la responsable de recoger las jóvenes en Manizales y acompañarlas a Chile, donde también asumía la administración de los inmuebles en los que permanecían las víctimas. Fue imputada por los delitos de tortura, trata de personas y lavado de activos.
- María Lucena González Ríos, madre de las presuntas cabecillas, señalada de recibir giros de Chile y distribuirlos entre los demás integrantes del ‘clan’ para ubicar más víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
- Cristian Javier Marín González, hijo de ‘Betty’, posible encargado de la selección y traslado de las mujeres y de recibir giros de Chile. Fue imputado por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
- Jorge Eliécer García Pineda, esposo de Martha Yolanda Marín. Estaría involucrado en la recepción de dinero de Chile y de darle apariencia de legalidad. Fue imputado por el delito de lavado de activos.
- William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas. Esta pareja de esposos, conocida como ‘Los Rolos’, sería la responsable de comprar los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes. La Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Adicionalmente, al hombre le fue formulado el cargo lavado de activos.