La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves la captura a una red delincuencial que estafó a 572 personas de bajos recursos con falsos subsidios de vivienda de interés social y que formaban parte de asociaciones y fundaciones de víctimas del conflicto armado, de desplazados y de campesinos en Huila, Tolima y Norte de Santander.
A través de una nueva modalidad de estafa lograron apropiarse de $347,1 millones de población vulnerable en estos tres departamentos, en los cuales dos mujeres se hacían pasar por funcionarias del Ministerio de Vivienda.
Es por esto que el ente acusador, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima, imputó cargos y logró medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Diana Patricia y Leidy Diana Katerine González Montealegre, madre e hija, respectivamente.
A la primera le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que a la segunda, domiciliaria, debido a que tiene un bebé de cinco meses de nacido.
Las imputadas por los delitos de estafa agravada en masa, tentativa de estafa agravada, falsedad en documento público y concierto para delinquir, que no aceptaron, vendrían haciéndose pasar por funcionarias del Ministerio de Vivienda para lograr las estafas.
El trabajo mancomunado entre las seccionales Huila y Norte de Santander, con la recaudación de elementos materiales probatorios, búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas, extracción de información de terminales móviles y obtención de documentos falsos usados aparentemente por las indiciadas, permitió que se lograra perfilar a estas personas como posibles integrantes de una organización delincuencial en cabeza de la madre.
Así mismo, la Fiscalía estableció que la madre habría cometido acciones delictivas desde 2013, mientras que su hija lo hacía desde 2018.
Su modo de operar consistía en hacerse pasar por funcionarias del Ministerio de Vivienda para ofrecer vía telefónica falsos cupos de subsidios de vivienda y para lo cual enviaban la documentación correspondiente desde correos electrónicos supuestamente oficiales con membretes y logos de la entidad nacional, para hacer más creíble el engaño.
La investigación determinó que la victimaria inducía al engaño sostenían que el Ministerio, a través del Fondo de Vivienda, les había otorgado determinados subsidios, pero que para acceder a ellos debían enviar sumas que oscilaban entre $190.000 y $1.800.000 por cada uno de ellos.
Las cuentas bancarias detectadas por las autoridades para realizar tales depósitos están a sus nombres y la Fiscalía cuenta con el registro de las cámaras de seguridad que las ubican en la entidad financiera retirando el dinero.
De igual manera, se logró el reconocimiento fotográfico por parte de una de las víctimas que logró identificar plenamente a Diana Patricia, tras entrevistarse con ella en la capital tolimense.
Los municipios del Tolima en donde se encuentran ubicadas las asociaciones que cayeron en la red de esta organización delincuencial, en la que se presume cuenta con la participación de más personas son: Ibagué, Alpujarra, Dolores, Planadas, Ataco y El Espinal.
Los hechos empezaron a ser investigados desde que hubo una denuncia instaurada por hechos ocurridos el 10 de marzo de 2021 en Ibagué, cuando la señora que se identificaba como Jackeline Meneses Olarte, quien realmente era Diana Patricia, haciéndose pasar como funcionaria de la Subdirección de Fonvivienda del Ministerio de Vivienda, se comunicó con la representante legal de la organización social Ingemur para decirle que dicha entidad había sido seleccionada para la asignación de 37 cupos, con la probable ampliación de 10 más.
Recursos que supuestamente eran para mejoramientos de vivienda por $17 millones, y subsidios para compra de vivienda nueva o usada por $37 millones.
Le indicó que el valor de la vivienda nueva o usada era de hasta 120 millones de pesos (vivienda de interés prioritario), por lo que cada beneficiario debía entregar como aporte la suma de $195.400, dinero que alcanzaron a aportar 37 personas.
Su captura se hizo efectiva la semana pasada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la Sección de Análisis Criminal en coordinación con personal de la Estructura de Apoyo (EDA) y la Sección de Investigaciones de la Seccional Tolima, mediante dos diligencias de allanamiento y registro en los barrios Santa Inés y Santa Paula de Girardot (Cundinamarca).