Laboratorios clínicos para enfrentar el coronavirus, que estarían listos cuando la pandemia se encuentre ya en retirada; la ampliación del acueducto de Puerto Gaitán, que prometieron entregarlo al pueblo hace tres años; la pavimentación de vías para evitar inundaciones en Cartagena, que lleva seis años suspendida. En un reciente análisis de las multimillonarias asignaciones de los recursos públicos, la Contraloría General detectó 528 contratos y 359 proyectos que ponen en riesgo 2,34 billones de pesos del erario.
Los resultados, conocidos por SEMANA, son importantes por la gruesa suma que representan y por los padecimientos de las comunidades afectadas; pero también lo son por la forma como la entidad detectó el peligro. Lo hizo por medio de inteligencia artificial, que con algoritmos puede analizar millones de datos, encontrar las fallas en la ejecución de los recursos y alertar a las autoridades.
El sistema, a cargo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), logra resultados que a los humanos les tomaría muchísimo tiempo. En este caso, se concentró en el Sistema General de Regalías, es decir, en el dinero que los departamentos y municipios reciben por la explotación de sus recursos naturales no renovables. Los proyectos y contratos riesgosos, distribuidos por todo el país, se concentran en su mayoría en los sectores de transporte, ciencia y vivienda, y muchos de ellos están en camino de convertirse en elefantes blancos.
En general, la Contraloría detectó proyectos vencidos, con prórrogas sospechosas, o incluso con su viabilidad en entredicho, porque, a la larga, no resuelven los problemas de las comunidades. Es el caso, por ejemplo, de 78 proyectos por 244.000 millones de pesos para hacerle frente al coronavirus en varias regiones. Entre esos hay laboratorios clínicos para entregar en julio próximo cuando ya podría haber pasado la etapa más cruda de la pandemia. El organismo de control con su intervención logró frenar al menos 25 de estas obras.
En medio de otros hallazgos, aparecen 96 proyectos por 1,26 billones de pesos vencidos o con graves retrasos. La entidad ya intervino varios e inició 25 procesos especiales, encontró ocho hallazgos fiscales por 84.000 millones y tiene al menos 17 bajo auditoría. Por ejemplo, Puerto Gaitán, Meta, contrató la ampliación del acueducto y el alcantarillado por 74.000 millones de pesos. El plazo inicial de entrega era de un año, pero lo han prorrogado siete veces y suspendido en cuatro ocasiones.
Asimismo, tiene bajo la lupa el contrato para ampliar la infraestructura aeroportuaria del aislado departamento del Vaupés. Se trata de un proyecto por 21.000 millones de pesos, adjudicado hace cuatro años, que el contratista debió entregar a comienzos de 2017. Hoy, después de cuatro prórrogas, permanece suspendido porque, a la luz de los nuevos requerimientos de la Aeronáutica Civil, las condiciones de este contrato quedaron obsoletas.
“Sin este modelo de analítica, jamás el país hubiese podido analizar un volumen tan alto de la contratación del Sistema General de Regalías en tan corto tiempo y entender cómo se invierten estos recursos en el mismo periodo”, dijo María Fernanda Rangel, directora de la Diari. En un país acostumbrado a ver sus recursos dilapidados en elefantes blancos, la inteligencia artificial parece una alternativa sólida para evitar estas costosas irregularidades.