Amaury Padilla tuvo que dejar lo que más quiere, su país. El martes pasado tomó un avión rumbo al exilio, con la amargura de saber que sólo cinco días antes su amigo Alfredo Correa de Andreis había sido asesinado por sicarios cerca de su casa. Ambos fueron detenidos en casos idénticos. Padilla fue capturado en diciembre pasado, recién había abandonado su cargo como asesor de paz de la Gobernación de Bolívar. Un informante de dudosa procedencia lo señaló como miembro de la guerrilla y en un tiempo récord de dos días, un fiscal de Cartagena -el mismo que encarceló a Correa de Andreis- le dictó una orden de captura. Siete meses después el proceso en su contra se cayó como un castillo de naipes.Padilla recobró la libertad, pero no la tranquilidad. Motos conducidas por desconocidos rondaban su barrio. Tenía seguimientos todo el tiempo. En su casa empezaron a recibir llamadas amenazantes. Era evidente que en cualquier momento iban a atentar contra su vida y que Cartagena ya no era un lugar seguro. El exilio fue su único camino.Pero la suerte que tuvo Padilla de conservar la vida no acompañó a otras personas que a lo largo del país han sido asesinadas después de salir de prisión. Muchas de ellas estuvieron involucradas en capturas masivas como sospechosas de tener vínculos con la insurgencia. Nunca se les probó la culpabilidad, pero sí fueron expuestas al lente de los medios de comunicación y engruesan las generosas cifras de resultados operativos en la guerra. Aunque libres, nunca pudieron librarse del estigma y la sospecha.En Bolívar, según lo ha denunciado la defensoría del pueblo, han sido asesinadas este año seis personas que estuvieron detenidas en capturas masivas. Uno de ellos, Julián Mercado Alvarado, sólo duró dos días en su casa del Carmen de Bolívar, antes de que un grupo de matones lo sacara a la fuerza de su casa y lo asesinara. Igual suerte corrió en Arauca Alexánder Vargas Linares, un campesino de 23 años que estuvo detenido en febrero de este año, en un proceso por rebelión. El 13 de marzo, una semana después de haber recobrado la libertad, fue abordado por un grupo de paramilitares en Cravo Norte. Se lo llevaron, lo torturaron y asesinaron, junto a otro líder campesino que también tenía orden de captura. Al otro lado de la geografía nacional, en Tolima, también fue denunciado el caso de Marco Antonio Rodríguez, un joven que había sido detenido en una redada en Cajamarca y puesto en libertad casi de inmediato. Su cadáver fue encontrado en una fosa común en inmediaciones de esa población en noviembre pasado. Los organismos humanitarios presumen que puede haber más casos, pero hasta ahora nadie ha hecho un seguimiento que permita establecer si hay un exterminio sistemático de las personas que han sido declaradas inocentes por la justicia.Pero la muerte no es el único castigo que reciben los que han sido detenidos gracias a procesos sin fundamento. En días recientes el defensor del pueblo Volmar Pérez pidió protección para tres conocidos cartageneros: el escritor Rogelio España, el líder sindical Román Torres y el ex director de la oficina del trabajo Rafael Palencia. Todos ellos han sufrido amenazas después de salir de la prisión. Y aunque la muerte o el exilio son los casos extremos, las detenciones arbitrarias han dejado otras secuelas como el desplazamiento forzado. La mayoría de los detenidos en Saravena el año pasado, por ejemplo, no han podido regresar a sus casas por temor a ser blanco de los sicarios.Al daño que significa una captura injustificada se suma que los prisioneros sean exhibidos públicamente en los medios de comunicación, sin haber sido condenados o por lo menos llamados a juicio. "Se puede estar violando la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre", dice el defensor del Pueblo. Al respecto, el ministro de Defensa Jorge Uribe dijo que publicar las imágenes de los detenidos es una decisión de los periodistas. Imágenes que aprovechan con creces los sicarios que pescan en el río revuelto de los errores judiciales y de las fallas de la inteligencia.