Un nuevo golpe en contra de las personas que roban energía se dio en el municipio de Baranoa, Atlántico. En esta ocasión, la empresa de energía Air-e identificó una acometida ilegal y antitécnica en la finca Villa Paraíso. En este predio se tienen estanques piscícolas para la cría y comercialización de peces.

La finca está ubicada en la carrera 18ª con la calle 35ª, en donde se detectó una conexión eléctrica para la operación de los estanques.

De acuerdo con los primeros estimativos, las pérdidas para la empresa por la apropiación de la energía superan los 45 millones de pesos.

Según las investigaciones adelantadas por la compañía, se estableció que presuntamente el predio está a cargo de Ragel Gutiérrez Edemit.

Sobre el particular, el gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, indicó que la finca piscícola pertenece a un usuario que no es cliente de la empresa, puesto que utiliza la energía con un fin comercial sin haber cumplido con todos los requisitos técnicos y reglamentarios para conectarse a la red y sin haber celebrado previamente el contrato de suministro de energía respectivo, lo que configura el típico caso de una “conexión directa”. De esta manera, toda la energía que se consumía no era facturada por la empresa.

“Rechazamos estas acciones por constituir un delito y porque constituyen un riesgo contra la vida y la integridad personal de quien adelanta la conexión, a lo que se suma la afectación en la calidad y continuidad del servicio. Vamos a emprender las acciones legales necesarias para que la autoridad logre actuar de manera contundente”, dijo Castilla Andrade.

El delito de Defraudación de fluidos está consagrado en el artículo 256 del Código Penal y establece penas hasta por seis años de prisión y multas hasta por 150 millones de pesos por casos como el detectado en la finca. De la misma manera, por este tipo de conductas hay lugar a que se inicie un proceso de extinción de dominio, tal y como lo consagra la Ley 1708 de 2014.

Air-e, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen adelantando acciones contundentes por la ejecución de conductas que afecten el servicio de energía, dentro de las que se destacan una serie de allanamientos y capturas de las personas involucradas en estos delitos. De la misma manera, las autoridades vienen adoptando medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad para quienes resultan imputados por estos delitos, previa validación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.