Un hecho político que generalmente causa gran expectativa por la trascendencia que tiene para el país, en esta oportunidad ha pasado desapercibido en medio de un ambiente impactado por la campaña electoral: el regreso a las sesiones ordinarias del Congreso.
Este miércoles, los congresistas, después de un receso de cuatro meses, regresan a unas sesiones en las que tendrán el cuerpo en el Capitolio nacional, pero la mente en la campaña presidencial, en las alianzas que puedan venir y en cómo van a movilizar los votos para estar con el candidato ganador.
La gran novedad del regreso a funciones del Congreso en medio de las bajas expectativas será el retorno de las sesiones completamente presenciales, luego de más de dos años en las que el Parlamento estuvo primero en virtualidad y luego en una especie de alternancia, en la que algunos asistían presencialmente al Capitolio y otros atendían el llamado a lista desde sus casas.
Aunque las sesiones virtuales permitieron que el Congreso funcionara en medio de la pandemia, la presencialidad es un elemento vital del ejercicio parlamentario que se tardó en llegar.
Hace dos años, cuando el Gobierno decretó el confinamiento a nivel nacional, una de las grandes preguntas era saber qué iba a pasar con el Congreso. Un órgano que nunca había sesionado en forma remota y cuya normatividad no contemplaba la posibilidad de aprobar leyes por fuera del escenario presencial.
Este ejercicio demostró que el control político disminuye considerablemente. Aunque la tecnología permitió, inclusive, tener sesiones más largas, no es lo mismo tratar las problemáticas del país al frente de una pantalla que cuando se hace cara a cara entre legisladores y ministros.
Además, las sesiones remotas retrasaron el ya de por sí lento trámite legislativo. Por ejemplo, mientras que una votación en el recinto del Senado, utilizando los computadores de las curules, tarda en promedio de 2 a 5 minutos, en la virtualidad, como tocaba llamar a lista uno por uno, ese tiempo se extendía a 15 minutos.
Motivación
Uno de los retos que tendrá el Congreso en estos tres meses de sesiones –el nuevo Legislativo se instalará el 20 de julio– será motivar y garantizar que los legisladores asistan a sus obligaciones, pues aquellos que no se inscribieron en las listas a Senado o Cámara para repetir curul o los que se quemaron, normalmente muestran poco interés por la recta final de su período.
Con el Gobierno ocurre un hecho similar. Como el presidente Iván Duque culmina su administración el 7 de agosto, son pocos los proyectos que se presentarán a consideración del Legislativo y la mayoría se reducirán a la reglamentación de leyes ya existentes.
Estos tres meses finales de sesiones se usan generalmente para aprobar iniciativas de origen parlamentario.
Entre los que están en fila se encuentran el proyecto de ley para quitar el IVA a los planes de telefonía celular, el denominado proyecto de ‘Colombia sin biopolímeros’, la eliminación del 4 x 1.000, la prohibición de la pólvora, entre otros.
Igualmente, varios de los congresistas han anunciado que llegarán a hacer control político al Gobierno, una estrategia que además da réditos para la oposición en medio de la campaña presidencial.
Hasta el momento hay dos debates de control político en fila.
Uno fue el debate que se anunció contra la jefe del gabinete de Duque, María Paula Correa, por el caso del exasesor que trabajaba para su oficina que habría favorecido con contratos a su esposa.
El otro que se anunció por parte de la oposición es contra la ministra de Transporte, Ángela Orozco, por los costos de los peajes.
De esta manera, los congresistas vuelven a sus labores con pocas expectativas, con la mente puesta más en las elecciones de mayo que en los proyectos de ley, mientras los colombianos esperan que se resuelvan muchas de sus necesidades.