Andrés Jaramillo es un reputado hombre de negocios que durante muchos años fue presidente de la empresa Conalvías. Puentes, grandes vías, viaductos y represas, entre muchos otros, hacían parte de su catálogo que mostraba con orgullo a empresarios, instituciones y medios de comunicación.   Pero, por cuenta de un contrato con el Distrito, su nombre comenzó a aparecer en letras de molde en el tema judicial. Jaramillo, de origen caleño, se presentó este martes a la Fiscalía a rendir interrogatorio por un capítulo del denominado ‘carrusel de la contratación’.   Jaramillo está bajo la lupa de la Fiscalía desde hace más de tres años, cuando algunos de los involucrados en las irregularidades en la contratación del Distrito comenzó a ventilar su nombre como la persona que, gracias a sus vínculos con el concejal José Juan Rodríguez, terminó construyendo un tramo de la fase III de Transmilenio en la calle 26, la obra que destapó la corrupción en algunas entidades distritales y que terminó llevando a la cárcel a los primos Nule, a concejales, secretarios de despacho y a los hermanos Iván y Samuel Moreno.   A su llegada al búnker de la Fiscalía, Jaramillo se destapó. Es un hombre hermético que muy pocas veces ha dado entrevistas a los medios. Dijo que renuncia a la presidencia de su firma, que lleva 30 años en el sector, para afrontar la causa judicial que lo acosa.   “He decidido manifestar mi rechazo ante las divulgaciones que hizo un reconocido medio de comunicación al presentar información confidencial como supuesta nueva evidencia en mi contra y abriendo sus micrófonos para presentar testimonios de confesos responsables de actos de corrupción cuyo único interés es obtener beneficios personales”, dijo el empresario.   Jaramillo aseguró que los señalamientos en su contra han afectado no sólo a él, sino también la estabilidad de Conalvías y el trabajo de miles de empleados que de esta dependen. “Por lo anterior he tomado la decisión de renunciar a la presidencia y afrontar el proceso como ciudadano”, señaló el constructor a su salida del interrogatorio.   En una entrevista para Semana.com el empresario habló de su lío judicial y aseguró que no tenía relación alguna con el concejal con el que lo relacionan. Se trata de José Juan Rodríguez, quien afronta un proceso y, precisamente por estos días, salió de la cárcel por vencimiento de términos. Su proceso continúa.   Semana.com: La Fiscalía señala que usted accedió al contrato 138 de la Fase III de TransMilenio por cuenta de su relación con el concejal José Juan Rodríguez.   A. J.: Nunca hemos tenido intermediarios para alguna licitación. Llegué a ese contrato por una licitación pública. Generalmente, siempre que se abre una licitación lo primero que hacemos es mirar el pliego de condiciones. Si cumplimos esos requisitos, participamos con nuestra propuesta, de lo contrario, miramos otras alternativas. En ese contrato cumplíamos todos los requisitos. Semana.com: ¿Tuvo o tiene algún tipo de relación con el concejal José Juan Rodríguez? A. J.: No soy amigo ni cercano ni lejano, lo he visto en medios de comunicación y una vez, hace aproximadamente dos años, en la plaza de toros cuando alguien me lo presentó a la entrada, no más. Semana.com: La Fiscalía señala que usted y el concejal Rodríguez tenían la clave de cómo ganar las licitaciones. Así habrían logrado contratos de valorización y obras por 35.000 millones de pesos… A. J.: Soy un contratista del IDU hace 15 años y, repito, con el concejal Rodríguez no tengo ningún tipo de relación. Nosotros estábamos construyendo un tramo de la 26 y cuando empezamos a realizar las obras se generó un gran caos vehicular por ser única vía de acceso al aeropuerto. La Secretaría de Movilidad decidió implementar rutas de evacuación y fue ahí donde se decidió construir un puente para desviar el tránsito. Se adicionó el contrato en 35.000 millones de pesos para construir el puente y solucionar el problema de movilidad. Además una adición está permitida por la ley y esta no superaba ni el 30 % del costo del contrato. Semana.com: Pero el IDU habría podido entregar ese contrato mediante licitación y a usted le hicieron prácticamente una extensión del contrato inicial… A. J.: En ese momento el IDU buscaba alternativas para el manejo del tránsito y encontró que la mejor es adicionar el contrato para construir ese puente. El contrato se podía licitar porque era una obra que no estaba contemplada en el proceso original. El asunto es que cuando se presentó el problema del tránsito una nueva licitación podía demorar entre tres o cuatro meses y, si se hubiera elegido ese mecanismo, el caos vial de Bogotá se habría agravado. La salida jurídica apropiada era adicionar el contrato en las condiciones y los precios objetivos.  Vea la entrevista completa: Andrés Jaramillo rompe su silencio