El primero de enero de 2024, la Administración de Carlos Fernando Galán asumió la responsabilidad de 76 obras transferidas por el IDU, todas ellas con serios retrasos. La ejecución ineficiente de estos proyectos se debe a la falta de experiencia técnica y financiera de algunos contratistas, así como a deficiencias en aspectos cruciales como la gestión de redes y la compra de terrenos.
Tras evaluar las principales obras en la ciudad, se identificó, según el concejal de Bogotá, que uno de los mayores obstáculos en la contratación es la complejidad de las normas y los requisitos actuales para contratos de obra, consultoría, interventoría y otras modalidades.
Además, aunque la ley permite adjudicar contratos a empresas en proceso de reorganización, esto introduce un riesgo significativo. El incumplimiento de estas empresas con sus compromisos puede llevar a su liquidación, poniendo en peligro la continuidad de los proyectos de infraestructura que están gestionando.
Por su parte, Cristina Calderón Restrepo, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, comentó al respecto: “En su gran mayoría, los consorcios que se presentan a las licitaciones de obras solo tienen experiencia en vías primarias o secundarias. Es importantísimo que, para los contratos de construcción con gran impacto económico y financiero, se les exija capacidad en el manejo de entornos urbanos. No es lo mismo ejecutar y manejar presupuestos para una vía pequeña que para megaobras de infraestructura como las troncales de TransMilenio y el Metro en la ciudad más grande del país”.
Así las cosas, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente (CCE), implementó resoluciones y requisitos que obligan a utilizar documentos y pliegos tipo en los procesos de selección contractual. No obstante, estas normativas mostraron serias dificultades en su implementación, creando importantes desafíos para las entidades encargadas de la contratación pública.
Aunque la administración actual del IDU tomó medidas disciplinarias contra contratistas por incumplimientos, es crucial abordar el problema desde su raíz. Por ello, es fundamental que Colombia Compra Eficiente revise y ajuste los pliegos tipo, exigiendo a los consorcios demostrar experiencia técnica, operativa, administrativa y financiera. Esto garantizaría la estabilidad de los contratos en caso de que alguno de los miembros del consorcio enfrente problemas financieros.
Además, es esencial que los contratistas en proyectos de construcción certifiquen su experiencia en redes de servicios públicos, dado que la falta de este conocimiento ha sido un problema recurrente en la ejecución de las obras. También se debe asegurar que todos los miembros de un consorcio o unión temporal dispongan del capital de trabajo necesario y disponible, mejorando así su capacidad operativa y la continuidad de los proyectos.
Para enfrentar los riesgos y problemas actuales, la concejal del Nuevo Liberalismo sugiere las siguientes estrategias: “Además de la modificación en los pliegos tipo, es fundamental trabajar en la creación de una agencia de infraestructura independiente, liderada por el IDU, que gestione todas las obras de la ciudad de manera autónoma, sin depender del sector movilidad en la toma de decisiones de infraestructura vial”
“Esta medida es clave para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los proyectos de infraestructura en Bogotá. Asimismo, hay que incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad a través de alianzas público-privadas y la modalidad de obras por impuestos, que han demostrado ser eficientes en otras regiones del país”, dijo.
Aunque la administración actual del IDU impuso sanciones a los contratistas debido a incumplimientos en los tiempos de entrega y ejecución de obras, se requiere que Colombia Compra Eficiente revise y ajuste los pliegos tipo.
Es crucial que estos pliegos aseguren que los oferentes dispongan de la capacidad financiera, técnica y jurídica necesaria. Esta modificación tiene como objetivo prevenir sobrecostos, modificaciones contractuales y otros incumplimientos que están afectando a los proyectos de infraestructura en Bogotá.