Hace unos meses se conoció una grabación en la que se escuchaba conversar al abogado Juan Carlos Jiménez, apoderado de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp), con el subdirector de asuntos legales de la entidad, Carlos Quintana y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.En la conversación, aparentemente, un funcionario plantea la posibilidad de liquidar el contrato de operación del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), que opera el relleno sanitario.

El audio fue publicado por el concejal de Bogotá Yefer Vega, de Cambio Radical, y evidencia que Quintana dice que “lo más seguro, casi el 90 por ciento de las posibilidades para arriba, es que ellos no continúen con la operación del relleno”, haciendo referencia a CGR.El hecho generó que el abogado Juan Carlos Jiménez instaurara una tutela en contra del concejal Vega y esta fue fallada en favor del apoderado de la Uaesp.En el fallo la juez pide principalmente dos acciones. La primera es que el concejal borre las publicaciones que realizó en las que divulgaba el audio con la conversación, lo cual el cabildante interpreta como una medida que reduciría su función de control político como concejal.Lo segundo es que se le pide que aclare la forma en la que obtuvo los audios y que indique expresamente su desconocimiento sobre la veracidad de la información mencionada, la identificación de las personas involucradas y el contexto en el que se desarrolló la información. Vega ha dicho que la información le llegó de manera anónima.

Precisamente este fue uno de los puntos de discusión y lo que dio pie para que Jiménez demandara a Vega. El abogado alega que el registro corresponde a una conversación privada sostenida entre él y su cliente, en la cual no se dejó ningún registro y en la que se planteaba la estrategia jurídica.En el fallo de la tutela se lee que “el concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla, manifestó que el audio le llegó de forma anónima y que corrió traslado a organismos de control para que realicen las respectivas investigaciones”.Y agrega que no le consta “que la reunión se hubiera llevado a cabo el 10 de julio de 2020 ni que se hubiera realizado para establecer las condiciones y detalles técnicos para contratar los servicios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para actuar como perito al interior de un trámite arbitral”.Otro de los cuestionamientos que surgieron es que el sonido publicado estaba editado, por lo que el demandante apeló diciendo que esto dio pie a comentarios tendenciosos y descontextualizados con respecto al contenido de la conversación privada. Y que por eso esto “afecta no sólo los derechos constitucionales de los allí mencionados, sino también los de la entidad”.

Yefer Vega, concejal de BogotáCon el fallo a favor de Jiménez y la Uaesp, Vega ha dicho que impugnará la decisión y reitera que su preocupación principal más allá de este hecho es que la ciudad pueda caer en una emergencia ambiental por malas decisiones de la Uaesp en medio de la crisis que ya vive por la covid-19.“Este es un fallo de tutela de primera instancia y claramente lo impugnaré porque no estoy de acuerdo con la orden que da la juez pero lo que me preocupa de fondo es que no pueden distraer el debate que debe estar en las respuestas que debe dar la administración distrital frente a la operación y capacidad técnica que tiene la Uaesp o a quién le va a entregar la administración o la operación del relleno sanitario Doña Juana”, dijo Vega.“En días anteriores denuncié los presuntos delitos ambientales que está generando Aguas Bogotá y la Uaesp en el predio Serafín o el conocido como Buenos Aires. Ese es el tema de fondo no una tutela o bajar unos tweets o una comunicación en Facebook. El tema de fondo es garantizar el servicio para los bogotanos”, aseguró el concejal¿Cuál es el caso?Toda la discusión se ha generado porque la empresa Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), que opera ese relleno sanitario en el sur de Bogotá, acusa a la Uaesp de “abusos y actuaciones irregulares”.Esto surgió a partir del audio revelado por el concejal en el que, aparentemente, Quintana plantea la posibilidad de liquidar el contrato de operación de ese espacio.

“Lo más seguro, casi el 90 por ciento de las posibilidades para arriba, es que ellos no continúen con la operación del relleno”, dice Quintana.Al respecto el CGR respondió: “Nuestra operación tiene derecho al debido proceso. Los entes de control deben investigar las maniobras que viene haciendo la Uaesp para acabar con nuestras actividades al interior del relleno. Nos defenderemos con todas las herramientas legales ante cualquier difamación”.Lo que más preocupa al concejal es que si se llega a declarar la caducidad del contrato esto pondría a Bogotá ad portas de una nueva emergencia sanitaria en plena pandemia.Crisis ambiental al sur de Bogotá: relleno sanitario Doña Juana y ladrilleras| El Poder