En un comunicado, la concejal por el Centro Democrático Diana Diago informa que se han gastado más de 600 millones de pesos en inversiones sociales en la localidad de Rafael Uribe Uribe de Bogotá durante la pandemia y que, según el documento, “la Alcaldía hoy no tiene cómo sustentarlo”.
Al parecer, la concejal evidenció la mala gestión que ha venido realizando esta alcaldía local, en el desarrollo de las escuelas de formación deportiva. Diago indicó que con su equipo analizó el listado de entregas de uniformes y refrigerios para cumplir las obligaciones contractuales y como resultado se encontraron presuntas inconsistencias.
Según informa el comunicado, en el año 2019 la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe abrió licitación para la formación de jóvenes en escuelas deportivas e inició su ejecución desde mayo de 2020, tiempo en que la ciudadanía se encontraba en confinamiento total por la covid-19. Se trata del contrato n.° 323 de 2019.
Dicha alcaldía, informa el documento, habría realizado tres pagos al contratista por un total de $601.397.503, pero debido a las fechas del contrato era imposible su ejecución.
“Hice una investigación exhaustiva junto a mi equipo, en la cual no aparecen los registros en el almacén de la localidad sobre la entrada y salida de uniformes, elementos deportivos y registros de los refrigerios que supuestamente se entregaron a niños que estaban practicando diferentes disciplinas. El alcalde de Rafael Uribe Uribe no pudo explicarme sobre el dinero que se gastó en estas escuelas de formación deportiva. No hay registro ni de los instructores de las clases”, dijo la concejal.
Así mismo, aseveró que, dentro de la información obtenida, existe una planilla de entrega de uniformes en donde se diligenciaron los datos del joven y su número de contacto. “No existe ninguna relación entre los nombres de los menores y el número de teléfono relacionado”, reseña el comunicado.
“Llamamos uno a uno, a los más de 30 niños que aparecen en la lista. Las personas que nos contestaban no conocían el nombre del menor. ¿Entonces? ¿A quién se le entregó el uniforme correspondiente? Muchas casillas fueron llenadas por la misma persona, ya que coincide la letra y el mismo número. ¿No hubo una persona que verificara la información y la entrega? ¿Por qué no existe el registro?”, añadió Diago.
“La evidencia encontrada no tiene firma de algún supervisor que garantizara las entregas, pero sí hay muestra del dinero girado a los contratistas. Entonces, me pregunto: ¿cómo pagaron? Incluso, dentro de las obligaciones del contrato estaba el realizar un estudio psicosocial del impacto de las escuelas, pero cuando se pidió información, la misma alcaldía local contestó que esa documentación no fue solicitada. Es decir, incumplieron el contrato”.
Debido a lo anterior, la concejal le exigió a la alcaldía local y a la Secretaría de Gobierno dar las respectivas explicaciones sobre lo realizado con los más de 600 millones de pesos.
“Molesta no ver gente trabajando”: jalón de orejas del IDU a contratistas de la Av. 68
El lento avance de la construcción de la Troncal de TransMilenio por la avenida 68 ha generado todo tipo de indignación entre la ciudadanía que día tras día se ve afectada por el colapso de la movilidad en este sector de la ciudad y en vez de observarse una celeridad en las obras, por el contrario, los ciudadanos lo que han encontrado son varios frentes con muy pocos trabajadores.
La indignación ciudadana ha sido tal que la propia alcaldesa Claudia López no aguantó más y no le quedó más remedio que salir a exigir públicamente a los contratistas, en especial al constructor Mario Huertas, que cumplan con las obras y contraten más gente, pues según ella de seguir así “las obras no se van a acabar nunca”.
Ante este cruce de comentarios entre Huertas y López, SEMANA contactó al director del IDU, Diego Sánchez, para conocer cuál es el estado real del proyecto y entender de primera mano cuál es la molestia de la administración distrital con los contratistas.
De acuerdo con el funcionario, el Distrito y en especial la Secretaría de Movilidad, les han dado todas las garantías a los contratistas para cerrar calzadas, andenes, vías y demás para que ellos puedan ejecutar sus obras, por lo que no hay excusa para que no tengan gente trabajando.