El concejal de Bogotá, Diego Cancino interpuso una acción de tutela en contra del presidente de la república, Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jorge Camacho, con el fin de conocer la información y el acto administrativo correspondiente que ordenó la militarización de Bogotá.
De acuerdo con el cabildante, “tomar una medida de militarizar una ciudad, de incorporar la policía militar para hacer patrullajes tiene que tener un acto administrativo que lo sustente”.
El concejal del Partido Alianza Verde ha venido pidiendo explicaciones a través de derechos de petición para conocer las razones técnicas y el sustento jurídico que llevaron a tomar la decisión de militarizar la ciudad dijo que falta transparencia en la información que detalla y respalda la decisión de la militarización.
“Hasta el momento, el ministerio no ha publicado el acto administrativo que ordenó las operaciones militares en Bogotá”, dijo.
Agregó que “lo que buscamos es que el Ministerio de Defensa publique la información que es sensible para la ciudad y que la ciudadanía tiene derecho a conocer. La participación del Ejército en actividades de seguridad debe ser pública. Bogotá fue militarizada desde el 16 de septiembre y aún no conocemos el acto administrativo que respalda dicha acción”.
“Le informo a la ciudadanía que he tutelado a @IvanDuque y @Diego_Molano. Cerca de un mes llevo pidiendo copia del acto administrativo que ordenó militarizar Bogotá y no me lo han enviado. Es una situación gravísima si ese documento no existe: Bogotá está militarizada ilegalmente”, anunció en su cuenta de Twitter.
Cancino justificó la presentación de la tutela en que “la medida de militarización es totalmente excepcional según la Constitución, está enmarcada en el “Plan de intervención y acompañamiento a Bogotá”, el cual no aparece publicado en las páginas web oficiales, a pesar de que el artículo 7º de la Ley Estatutaria sobre Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) así lo establecen”.
Finalmente, dijo que en el marco de un debate de control político en el Concejo de Bogotá solicitó tanto al Ministerio de Defensa como a la Policía Metropolitana mediante derecho de petición copia del plan de intervención, de los actos administrativos y de los protocolos de coordinación con las autoridades locales y derechos humanos relacionado con la militarización y no ha obtenido respuesta.
“¿Por qué @Diego_Molano no me entrega copia del sustento técnico y jurídico que permitió militarizar Bogotá? Los he tutelado para que me envíen copia del acto administrativo o se devele que Bogotá está militarizada probablemente de manera inconstitucional”, señaló.
Como se recuerda, ante el incremento de la inseguridad en Bogotá, desde mediados de septiembre de 2021, en coordinación con el gobierno nacional, se ordenó la presencia de Policía Militar en varias zonas de la capital del país.
Este acompañamiento se hará, en principio, hasta diciembre de 2021 y se tiene contemplado que haya presencia en algunos sectores que se han victo afectados por el aumento de los casos de robo, tanto a ciudadanos como a establecimientos comerciales.
“Los meses de mayo y junio fueron terribles, con 117 homicidios. Queremos que el Ejército nos ayude a hacer controles en materia de desarme, sí puede pasar que entre el Ejército y la Policía se hagan requisas”, explicó en su momento el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández.
Agregó que “desde abril en Bogotá hemos venido teniendo incremento en indicadores como homicidio y hurto violento. Cuando hay bloqueos y vandalismo, empieza a funcionar el transporte informal por lo que estamos haciendo una labor de investigación judicial para identificar quiénes dan órdenes para generar choques con la Policía”,
“La idea de que la Policía Militar esté en las zonas más vulnerables es porque ayudaría a desmantelar bandas criminales. Sí hemos estado contemplando que tengan presencia en zona de bares y discotecas. La apuesta es desplegar todas las capacidades de fuerza pública que podamos obtener”, señaló.
Finalmente, indicó que “la restricción del parrillero no ha demostrado reducción de delitos en esa modalidad, hemos visto que esto no tiene un impacto y sí estaríamos afectando la reactivación económica, algo que es fundamental en Bogotá y a lo que le hemos apostado”.