La gran cantidad de pasajeros que viajan sin pagar en TransMilenio ha afectado significativamente las finanzas del sistema, llevándolo a tomar medidas como la instalación de puertas anticolados y torniquetes.
Sin embargo, estas soluciones han generado constantes quejas por parte de los ciudadanos, dando lugar a una acción popular presentada por un grupo de personas, la cual ha sido admitida por un juzgado.
La evasión masiva de pasajes se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema de transporte masivo en Bogotá, contribuyendo al aumento progresivo del déficit en la estabilización tarifaria. En estaciones clave como la calle 63 y Héroes, TransMilenio ha implementado puertas anticolados que no pueden forzarse, y torniquetes en varios puntos para evitar que las personas eludan el pago del pasaje.
No obstante, la eficacia de estas medidas ha sido cuestionada, especialmente en el caso de los torniquetes, que han generado complicaciones diarias para los ciudadanos al intentar ingresar a los autobuses debido al espacio reducido. El diseño de estos torniquetes, que se extienden de piso a techo, se ideó para prevenir la evasión de pasajes, generando diversas reacciones tanto positivas como negativas.
Debido a las persistentes quejas y al impacto negativo de los torniquetes en horas pico, que resultan en filas extensas, colapsos y estrés al ingresar a las estaciones, se ha sumado la dificultad de acceso para algunas personas con discapacidades. Como respuesta a esta situación, un grupo de ciudadanos ha presentado una acción popular contra TransMilenio, la cual ha sido admitida por el juzgado 33 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
En la acción, expresan su preocupación por la presunta vulneración de derechos e intereses colectivos relacionados con el acceso eficiente y oportuno a los servicios, los derechos de los consumidores y usuarios, así como el disfrute y la defensa de los bienes de uso público.
La acción presentada se sustenta en que la imposición de las barreras de ingresos a las personas que usan el Sitp vulnera los derechos colectivos al generar una interrupción al acceso oportuno y eficiente del servicio público “y una amenaza a la integridad física y psicológica de las y los usuarios, especialmente a aquellos con discapacidad, con movilidad reducida, con cuerpos no hegemónicos”.
Sobre el tema, Luis Carlos Leal, concejal de Bogotá que interpuso la demanda, explicó a SEMANA que: “Fue una acción popular que interpusimos junto con ciudadanos y ciudadanas que ven limitado su derecho a la movilidad por los torniquetes tanto del Sitp como de las estaciones de TransMilenio, que con el ánimo de supuestamente combatir los colados se convierten en barreras de acceso para personas”.
Y agregó: “Personas que llevan a sus bebés en brazos, gente con paquetes, personas con algún tipo de discapacidad, personas con corporalidades diversas, personas con capacidad de gestar y mujeres embarazadas que tienen que hacer maromas o simplemente no pueden subir al sistema de transporte, viendo limitado su derecho”.