La tasa a la seguridad que se cobra en el departamento del Valle del Cauca debe suspenderse dado el pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional el 19 de marzo de 2022, respecto de la Ley 1421 de 2010, que motiva a los Municipios de Regiones crear ese tributo, afirmó el concejal de Cali, Juan Martín Bravo Castaño.
Para el Concejal tal decisión de la Corte, beneficia a Cali, que fue una de los mayores aportantes a ese cobro creado mediante Ordenanza 425 de 2016 por parte de la Gobernación del Valle. “Con esa tasa de seguridad la capital del Valle aportó casi 77 mil millones de pesos, pero solo recibió $5 mil millones, siendo el mayor aportante y con una problemática constante en tema de homicidios y hurtos, la Gobernación no fue justa con su capital”, preciso Bravo Castaño, quien solicitó que del Departamento un corte de cuentas y por qué se reinvirtió tan poco en el Distrito Especial.
Por su parte, el concejal Fernando Tamayo indicó que con la regulación del cobro de la tasa de seguridad por parte de las entidades territoriales, el Juzgado 4 Administrativo de esa Cali debe proceder a ordenar que la Gobernación del Valle deje de imponer este pago en la tarifa del servicio de energía a los estratos 4, 5 y 6, así como al comercio y la industria.
Adicionalmente, el cabildante del partido Conservador señaló que una vez el Congreso regule el tema, el distrito debe presentar la tasa de seguridad para que su inversión sea aplicada exclusivamente en Cali y no como pasa actualmente, que los recursos que son recaudados se destinan a los 40 municipios y dos distritos que conforman el Valle del Cauca.
Cabe recordar que la Asamblea del Valle del Cauca creó la tasa de seguridad mediante las ordenanzas 425 del 1 de agosto de 2016 y 474 del 22 de diciembre de 2017.
Los principales aportantes de la tasa de seguridad son contribuyentes que viven, tienen comercio o industria en Cali; sin embargo, hay múltiples denuncias que aseguran que estos recursos no fueron invertidos en su totalidad en el Distrito, de acuerdo con la respuesta entregada a un derecho de petición que solicitaba el monto de las inversiones por municipios.
“Cali necesita urgentemente fuentes de financiamiento de los programas de seguridad. La inversión per cápita es de $25 este año, debemos avanzar en tecnología y en inteligencia para poder combatir el crimen”, afirmó el concejal Tamayo.