Concejales de Bogotá dividieron opiniones sobre las decisiones adoptadas tras el atentado terrorista contra un CAI en Arborizadora Alta que dejó dos menores de edad muertos -Salomé Rangel y Daniel Duque- y más de 30 heridos.
Diego Cancino, del Partido Alianza Verde, cuestionó las medidas tomadas tras el Consejo de Seguridad en la que participaron las autoridades nacionales y distritales, encabezadas por el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
“Las medidas anunciadas por el gobierno enfocan la solución del problema exclusivamente en el aumento de capacidad militar y punitiva del Estado, haciendo caso omiso a las condiciones socioeconómicas que los grupos armados al margen de la ley aprovechan para imponer su control social sobre la población, tal como han señalado las diversas Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo”, aseguró.
Agregó que “la militarización no resolvió la guerra en los campos colombianos, no la resolverá en las localidades que requieren la presencia integral y articulada del Estado. No será la presencia de más armas lo que le permita a la gente de Ciudad Bolívar acceder a las oportunidades que los violentos cierran”.
Según el concejal Cancino, el Gobierno ha hecho caso omiso a las innumerables alertas de la Defensoría del Pueblo que se vienen dando por lo menos desde 2018 (Alerta Temprana de Inminencia 030-18) y la más reciente (Alerta Temprana 010 de 2021).
En esas advertencias se enfatizan, entre otros, la presencia de estructuras del ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Águilas Negras, Los Paisas, Los Orientales, Los Boyacos, Los Costeños, Los Obispos y facciones disidentes de las Farc y los riesgos que implica para la ciudadanía.
“La Defensoría del Pueblo lleva más de cuatro años advirtiendo la presencia de grupos armados ilegales que ponen en riesgo inminente a la población de Ciudad Bolívar en particular a quienes habitan los sectores de Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén y el gobierno no ha tomado medidas efectivas al respecto”, dijo el concejal.
Así mismo, llamó la atención sobre las cifras de violencia en Ciudad Bolívar. “869 homicidios entre 2018 y 2021, ocupando el tercer lugar en tasa de homicidios de Bogotá. Lo anterior significa que uno de cada cinco homicidios de la ciudad se comete en esa localidad”, indicó.
Pidió igualmente al Gobierno “no solo a reconocer la existencia de dinámicas relacionadas con el conflicto armado en Bogotá y enfrentar las profundas brechas institucionales, sociales, económicas y culturales que permiten a los grupos armados al margen de la ley, victimizar a las poblaciones más vulnerables en la ciudad”.
“La guerra siempre la pagan quienes nunca la han declarado, los que viven entre el silencio del Estado y el ruido de los fusiles. Los nadies”, puntualizó.
Por su parte, la concejal del Nuevo Liberalismo, Marisol Gómez Giraldo, destacó las decisiones adoptadas, especialmente frente al incremento de las labores de inteligencia para prevenir las acciones terroristas.
”La presencia militar en Ciudad Bolívar puede tener un efecto disuasivo, pero eso es temporal. Lo que realmente golpea a las estructuras armadas y terroristas que pudiera haber en esa localidad, de extrema izquierda o de extrema derecha, es una buena inteligencia que permita desarticularlas”, indicó a SEMANA.
Agregó que “un refuerzo clave para la inteligencia son las recompensas, que han demostrado ser eficientes para llegar hasta las cabezas de esas organizaciones delincuenciales”.
Por su parte, la concejal del Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, dijo a este medio que se requiere la militarización de algunas zonas de la ciudad debido a las acciones terroristas y las acciones vandálicas que se han registrado en la capital del país.
“Bienvenido el acompañamiento militar en Ciudad Bolívar y donde sea necesario para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos que se ha visto afectada por el terrorismo urbano y el vandalismo, que por desgracia, el gobierno distrital dejó que tuvieran protagonismo. Estamos pagando con vidas la laxitud con las expresiones vandálicas en la ciudad, con las primeras líneas”, señaló a SEMANA.
Añadió que “afortunadamente, la alcaldesa decidido dejar las peleas y trabajar de la mano con las Fuerzas Militares, de Policía y el Gobierno nacional, como debe ser. Por encima de cualquier consideración está la seguridad de los bogotanos que en su gran mayoría rechazan los actos de violencia en las protestas como lo expresa la última encuesta”.