Este martes el Concejo de Bogotá reanudará en segundo debate la discusión sobre la modificación del reglamento interno de la corporación después del tormentoso trámite que vivió el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el año anterior luego de las innumerables recusaciones e impedimentos que se radicaron, las cuales no permitieron que el proyecto fuera aprobado en el Cabildo.

Los 45 cabildantes del Concejo están citados a partir de las 2:00 p. m. para continuar en plenaria con la discusión de los proyectos de acuerdo 029, 050, 097, 100, 103 y 105 de 2022, los cuales establecen esas modificaciones al reglamento interno.

Estos proyectos acumulados por unidad de materia ya fueron aprobados en la Comisión Segunda de Gobierno y en su discusión en primer debate se aprobaron varios cambios relacionados con el trámite que se le dará a las recusaciones e impedimentos, además de modificaciones a los debates de control político.

En ese primer debate se estableció un nuevo procedimiento y trámite para los impedimentos y las recusaciones, haciendo ajustes jurisprudenciales sobre la solicitud de algunos requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la aceptación de los mismos, cumpliendo con lo establecido en la Constitución y la ley.

Esos requisitos mínimos para el caso de las recusaciones son: la identificación del recusante, la identidad del recusado, los hechos en que se fundamenta junto con los elementos probatorios, pertinentes, conducentes y útiles y la causal taxativa en la que se subsume y las razones por las cuales se configura.

Para estos casos también se aprobó que, una vez se tenga conocimiento del impedimento o la recusación, la plenaria podrá ser citada inmediatamente en cualquier hora y día para darle el trámite y decidir lo que corresponda sobre los mismos.

Otros de los cambios que también fueron aprobados en primer debate indican que los impedimentos se pueden tramitar el mismo día en que son presentados y que la plenaria del Concejo se puede convocar de urgencia para resolver impedimentos y recusaciones.

Se estableció además que, si se admite la recusación, esta se resolverá de la misma forma que el impedimento, no se puede presentar una recusación o un impedimento por las mismas causales y por los mismos hechos, a menos de que haya hechos sobrevivientes o nuevas pruebas y cuando hayan recusaciones temerarias o de mala fe, el secretario oficiará el caso a las autoridades competentes.

Por otro lado, en ese primer debate también se aprobó que el sector salud será controlado y regulado por la Comisión de Gobierno y no por la Comisión del Plan.

En cuanto al trámite de los proyectos de acuerdo, se aprobó que la designación de ponentes se puede hacer dentro o fuera de sesiones ordinarias, lo cual agiliza el debate. Así mismo, se definieron las categorías de votación: individual, en grupo y en bloque. Se precisa que el texto sometido a votación es el contenido en la ponencia (cuando hay pliego modificatorio) o el del texto original (si no hay pliego modificatorio).

De igual modo, se reglamentó la devolución de los proyectos de acuerdo de la plenaria a la comisión y se define que habrá un informe de los autores y ponentes al momento de ser devuelto. Luego se discute en la comisión. Cuando el proyecto vuelve a la plenaria, se debatirá de manera prioritaria.

En cuanto a la intervención en los debates públicos, el concejal Nelson Cubides destacó que ahora la bancada citante podrá intervenir hasta por 60 minutos. El citante principal reparte el tiempo entre los demás miembros de la bancada y si estos no alcanzan a intervenir lo pueden hacer como concejales no citantes; la administración tendrá un tiempo de hasta 50 minutos, modificable por el presidente, según la circunstancia.

Los voceros de bancadas no citantes, por su parte, tendrán hasta 10 minutos y los concejales no citantes de 5 minutos cada uno.

Todas estas modificaciones serán estudiadas y debatidas desde este martes por la plenaria del Concejo y en caso de ser aprobadas pasarán a sanción de la alcaldesa Claudia López.

Honorarios

Una de las modificaciones que se hundió en primer debate y no pudo continuar en trámite fue la presentada por los concejales de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, Diego Cancino, Luis Carlos Leal y Martin Rivera, que establecía condiciones para el pago de los honorarios de los concejales.

Se trataba de una proposición aditiva al artículo 111 que habla del pago de los honorarios del concejal. Actualmente, a los concejales del Distrito Capital se les reconoce $1.500.000 por su asistencia a cada sesión plenaria o de comisión permanente, sin especificar tiempo o condiciones de presencialidad.

La propuesta de los cabildantes del Partido Alianza Verde era que, a partir de la aprobación del proyecto, los concejales tengan derecho al reconocimiento de honorarios siempre y cuando participen y asistan a un mínimo del 75 % de cada una de las sesiones.

No obstante, está proposición fue negada con 12 votos en contra en la discusión durante la Comisión de Gobierno.