La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder varias horas de grabación que dan cuenta de un posible caso de corrupción en un proceso de selección abreviada celebrado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), por más de 41.300 millones de pesos.

Se trata de la adjudicación de la operación de los cementerios distritales a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, por lo que la Fiscalía busca establecer si las voces que se escuchan en las grabaciones corresponden a las de un funcionario de la Uaesp y un ingeniero que integra uno de los consorcios que resultó ganador del jugoso contrato. Se trata de la Unión Temporal Cementerios del Distrito.

Por esa razón, el tema llegó al Concejo de Bogotá donde se revisaron las denuncias sobre corrupción al interior de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP). La concejal Lucía Bastidas, adelantó un debate de control político donde pidió a los entes de control acelerar las investigaciones que adelantan sobre las recientes y delicadas denuncias que comprometen millonarios recursos de la ciudad en contratos aparentemente irregulares.

Los contratos que han generado polémica son el de la administración de los cementerios distritales por $41 mil millones y la interventoría por $6.896 millones. “Los ganadores de estos procesos no fueron por mérito propio, sino por la información que les suministraron los propios funcionarios de la UAESP para que pudieran cumplir con los requisitos “, denunció la concejala Bastidas.

Así mismo reveló que en la ejecución de dicha administración de los cementerios se registran incumplimientos contractuales tales como no consignar los dineros recaudados en las cuentas de la Fiducia, retrasos en los pagos a empleados de los cementerios y el no pago de los servicios públicos para el correcto funcionamiento de los hornos crematorios.

La concejal explicó su tesis, según la cual, dentro de los principales hallazgos se habría puesto al descubierto una estructura criminal que acomodaba la contratación para beneficiar a terceros.

“Estos hechos fueron liderados por un funcionario de la UAESP el señor Marcel Esquivel Reina. La pregunta es ¿Dónde estuvieron los controles al interior de la UAESP para evitar este tipo de situaciones ?”, preguntó.

En desarrollo del debate de control político también salió a relucir un contrato para la adecuación de sedes, en donde se asignaron $1.800 millones y en octubre el interventor informó a la UAESP que las pólizas presentadas por la firma PROARQING eran, supuestamente, falsas, tal como ocurrió en el sonado de corrupción de centros poblados en el Ministerio TIC.

Igualmente, la cabildante expuso que en el contrato para redes de alcantarillado del Mochuelo por $1.680 millones, este le fue adjudicado a la firma INALTER S.A.S de la cual su representante legal es la señora Sandra Jeannette Forero quien según ella, hacía parte del cartel de la contratación del Quindio.

Tras los duros cuestionamientos se espera una reacción por parte de la Alcaldía Mayor sobre la continuidad en el cargo de la directora de la UAESP Luz Amanda Camacho.

Pero para la concejal debe caer “todo el peso de la Ley, y más para una entidad que se ha caracterizado por no solucionar las problemáticas que a diario nos aquejan a todos los bogotanos. Pido a todos los entes de control que se pronuncien ante semejantes hechos de corrupción, y exijo la renuncia de la directora de la entidad, Luz Amanda Camacho Sánchez”.