Con la crisis del coronavirus, el presidente, los alcaldes y los gobernadores están viendo de dónde sacan dinero para ayudar a las poblaciones más vulnerables. Por eso, para el representante de la coalición Decentes David Racero, es un despropósito que en medio de la cuarentena y en una emergencia sanitaria como la del covid−19, el Concejo de Bogotá haya firmado un convenio por 2.661 millones de pesos con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la provisión de 39 camionetas blindadas para los concejales de Bogotá. A través de su cuenta de Twitter, el congresista Racero escribió: “Hoy, mientras muchos ciudadanos no tienen con qué comer en Bogotá, la ciudad firmó convenio con Unidad Nacional de Protección por 2.661 millones para entregarle camioneta blindada a 39 concejales. Con ese dinero 15.000 familias vulnerables pudieron ser atendidas. Gracias, Concejo De Bogotá".
A esto, el exconcejal Juan Carlos Flórez respondió que “era una bofetada que Bogotá se gaste ese dinero, cuando la mayoría de los concejales no tiene problemas de seguridad”. En conversación con esta revista también se preguntó “¿Por qué los recursos se tiene que ir a pagarle a los concejales carro blindado con chofer y dos policías en moto? Yo fui concejal y di debates muy polémicos y nunca me pasó nada. Los concejales se ganan más de 25 millones de pesos. El que quiera carro que lo compre”. El excabildante Flórez también señaló a los que habían hecho campaña en TransMilenio y “ahora necesitan carro blindado”. Agregó que de los 45 concejales, solo seis se abstuvieron de pedir el estudio a la UNP y que “es una vergüenza que los que no lo necesitan, no hayan seguido el ejemplo. Entiendo que Aída Avella o Álvaro Uribe necesiten el esquema, ¿pero un concejal?”.
¿Qué dicen en el Concejo?El presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, le explicó a SEMANA varias cosas al respecto del convenio. Lo primero que quiere dejar claro es que “al día de hoy no se ha desembolsado un solo centavo a la UNP” y que los 2.661 son un tope máximo y que solo se pagará lo que se use. “Se va a pagar lo que efectivamente se use. Si son cero carros los que usamos en cuarentena, se paga cero. Si son tres, se pagan tres. Yo, por ejemplo, ya dije que lo iba a devolver”, aseguró.Galán también dijo que cuando llegó al Concejo una de las primeras cosas que hizo fue pedirle a los concejales que si lo consideraban necesario solicitaran un estudio a la UNP para ver si tenían algún tipo de riesgo y requerían de seguridad. 39 concejales lo pidieron, salvo Susana Muhamad, de la Colombia Humana, y los concejales de la Alianza Verde Martín Rivera, Luis Carlos Leal, María Fernanda Rojas, Diego Laserna y Diego Cancino. Ese estudio aún no ha sido revelado y el que venía del año anterior se vencía en febrero pasado y por eso lo prorrogó un mes. Vencida la prórroga, tuvo que renovar el convenio porque 19 concejales tenían riesgo, de acuerdo al estudio anterior, y si no se actualizaba quedaban desprotegidos.“Yo mismo cuando llegué al Concejo −dijo Galán−, pensaba que muchos no tenían riesgo. Pero luego te enteras de que esa persona que creías que no tenía riesgo había denunciado a cuatro bandas delincuenciales de Ciudad Bolívar y estaba amenazada”. Galán también afirmó que en este momento hay algunos concejales que requieren de la camioneta pues se encuentran haciendo actividades de control político sobre lo que está haciendo la alcaldesa Claudia López. Y por eso, para Galán la autoridad competente para establecer quién tiene un riesgo o no es la UNP. El presidente del Concejo también recordó que el decreto 1066 de 2015 establece que si un concejal o servidor público pide a la UNP que le haga estudio de seguridad y se establece que existe ese riesgo extraordinario entonces la entidad donde trabaja, en este caso el Concejo, está obligado a proveer los recursos. Para este año ya se habían aprobado 6.400 millones de pesos, desde el gobierno de Enrique Peñalosa, entonces la corporación tenía que pagar ese dinero.
Ahora bien, Galán espera que con la cuarentena y la renuncia voluntaria de algunos concejales a su esquema de seguridad los gastos se reduzcan. “Ya establecimos que no les vamos a pagar la gasolina, con lo que se van a ir para Bogotá Solidaria 490 millones que estaban presupuestados para ese gasto. Esperamos que de los 6.400 millones con la prórroga del convenio podamos devolver 1.500 millones también a Bogotá Solidaria", un programa de la Alcaldía de Bogotá que tiene como objetivo ayudar a más de 500.000 familias pobres y vulnerables en la ciudad. Por ahora de esos 6.400 millones, se han gastado 300. Por último, Galán también dijo que celebraba que se hiciera control sobre este dinero, pero consideraba necesario que también se pusiera el ojo en el Congreso, donde solo por ser senador o representante se asume que hay un riesgo y automáticamente le dan dos camionetas a cada congresista con escoltas, lo cual generaba un gasto de cerca de 50.000 millones de pesos al año. Racero está de acuerdo con Galán y de hecho desde que llegó al Congreso ha promovido la iniciativa de que se revisen los esquemas de seguridad en el país pues considera que se podría ahorrar un dinero muy valioso para invertirlo en otras necesidades que tienen los colombianos.