El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá condenó a 120 meses de prisión (10 años) al exsubgerente Nacional de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), José Ignacio Lacouture Armenta. El exfuncionario fue condenado por la “desaparición” de la ciénaga de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, en San Marcos (Sucre). En la misma decisión fueron condenados cuatro exfuncionarios más de la extinta entidad: Juan Heredia Fernández y Alfredo Eugenio Sánchez Jiménez, de la subgerencia de Tierras; el abogado Julio Alberto Acosta Felizola, y el topógrafo José Rodolfo Castro Arias.
Los procesados fueron condenados por los delitos de peculado por apropiación y peculado por apropiación en favor de terceros. En el curso de la investigación se demostró que Lacouture Armenta declaró la inexistencia de la ciénaga de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, mediante la expedición de la Resolución 2437 de 2010, con el propósito de favorecer a particulares e impedir el aprovechamiento comunal de la tierra y de los espejos de agua. El material probatorio recopilado evidenció que el exdirectivo se confabuló, con varios abogados, para adelantar un proceso administrativo de deslinde que fijó los límites y la titularidad del terreno que, aunque pertenecía a la Nación, pasó a manos de un particular, propietario de un área aledaña. Esta actuación irregular generó la desaparición jurídica de la reserva. La decisión es condena en primera instancia.
El proceso por el que ahora son condenados José Ignacio Lacouture Armenta y las otras cuatro personas estalló en 2014, cuando la Policía capturó a diez personas presentándolas como ‘una organización señalada de defraudar al Estado mediante la titulación y adjudicación de unos predios baldíos cenagosos´. Sin embargo, en ese momento, el juez 50 de Control de Garantías de Bogotá ordenó la libertad inmediata e incondicional a favor de Lacouture Armenta, luego de demostrar que él no actuó irregularmente dentro del proceso de deslinde de la ciénaga Amanzaguapo.