Como lo anticipó SEMANA en octubre de 2022, la novia y persona de confianza del exsenador Mario Castaño, Daniela Ospina Loaiza, fue condenada por un juez penal del circuito especializado de Bogotá a cinco años de prisión, tras aceptar su culpabilidad en los delitos de concierto para delinquir, agravado y peculado por apropiación.
Ospina Loaiza, quien permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá desde su captura, deberá cumplir la pena impuesta tras las rejas sin beneficio de casa por cárcel. Además, la sentencia incluyó una multa equivalente a 1.528 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para 2022.
De acuerdo con la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción a cargo del caso, Ospina Loaiza actuó como intermediaria en el entramado ilegal liderado por el exsenador Mario Castaño Pérez, quien fue señalado de coordinar las actividades del grupo criminal conocido como ‘las marionetas’ y se sometió a una sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia.
Durante años, el entonces senador, uno de los dirigentes políticos más reconocidos del Eje Cafetero, aprovechó su cargo para montar una verdadera empresa criminal. ‘Las marionetas’ se dedicaban a rastrear todo tipo de contratos de obra pública, recreación y prevención del riesgo, con complicidad de alcaldes y aprovechando su influencia, para quedarse con ellos a cambio de coimas y embolsillarse millonarias sumas de dinero.
Las pruebas presentadas durante la investigación demostraron que Ospina Loaiza gestionó una parte de los fondos obtenidos de manera irregular, facilitó el pago de sobornos, distribuyó las ganancias entre los miembros de la organización delictiva. Además, utilizó sus cuentas bancarias para recibir dinero producto de las actividades ilícitas del grupo.
Las pesquisas también revelaron que la ahora condenada experimentó un aumento significativo en su patrimonio, ascendiendo a 60 millones de pesos, debido a su participación en actividades ilegales. Además, suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Congreso de la República por valor de 20 millones de pesos; sin embargo, no cumplió con las tareas acordadas. Como resultado del acuerdo previo, Ospina Loaiza reembolsó la suma de $80.950.000.
La red, que se calcula se apropió de más de 70 mil millones, se ha venido desintegrando y ahora le llegó el turno a la entonces novia del excongresista. En una audiencia ante un juez de control de garantías en octubre de 2022, la fiscal del caso imputó a Ospina Loaiza el delito de peculado por apropiación, cargo que ella aceptó. Así mismo, la mujer manifestó su intención de también reconocer el delito de concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía en marzo del año pasado, cuando fue capturada y judicializada.
Ahora la justicia también se enfoca en la esposa de Castaño, Gloria Lucía Betancur, a quien se le han identificado más de 25 activos que superan los 13.000 millones de pesos. Esta suma resulta incomprensible en relación con sus ingresos, lo que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en su contra.
La caída del corrupto senador Mario Castaño
Mario Castaño Pérez demostró una “voracidad propia de los corruptos”. Esta contundente declaración se encuentra en el veredicto de 189 páginas que lo sentenció a 15 años y 11 meses de cárcel en uno de los casos de corrupción más significativos y complicados que se haya conocido, y que fue inicialmente expuesto por SEMANA a principios de marzo de 2022.
El político, que ni sonaba ni tronaba en el Congreso, se movía como un tiburón en las aguas de la contratación pública. Así lo relata en detalle la sentencia de la Corte Suprema, en la que se expone como llegó a los Ministerios del Deporte, Cultura, Interior y Hacienda. También a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como a las alcaldías de varios municipios de Caldas, Cauca, Quindío, Tolima, Risaralda y Chocó, con sus respectivas gobernaciones. Sus tentáculos parecían no tener límites.
Como quedó demostrado en los audios revelados entonces por SEMANA, los alcaldes, contratistas, gobernadores y hasta particulares sabían que, para garantizar el desembolso de dinero por parte del Gobierno, el camino más efectivo era llamar a Mario Castaño o fijar reuniones con la lobista Nova Lorena Cañón, su mano derecha. Ella llegó a un acuerdo con las autoridades para colaborar con la justicia y salpicó al excongresista.
En las grabaciones, Castaño discutía la manera en que debían gestionarse los contratos, las comisiones y la identificación de funcionarios gubernamentales a los que había que acercarse. Esto se ejemplifica en una comunicación del 2 de marzo de 2022, en la que expresaba su molestia a Nova Lorena debido a los sobornos que se entregaban al alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega, sin su autorización.
“No, mija, es que eso es irresponsable, Lorena, la gente no entiende que la vida no es así, la gente nunca entiende que deben ser organizados y juiciosos. Dios me ayudó mucho dejándome formar como contador, porque yo tengo un complemento que requería para la vida”. Frente a esta situación, su lobista de confianza intentó calmarlo asegurando que buscaría la forma para que le entregaran la comisión por una obra de canchas sintéticas.
El poder de Castaño fue tan amplio que llegó a influir en las nóminas de instituciones como la Contraloría, el Sena, la Procuraduría y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en su región de origen. Aquellos interesados en obtener un puesto debían enviarle su currículum y comprometerse a proporcionarle el 10% del monto establecido en el contrato de servicios como muestra de agradecimiento.
También ostentaba cargos en el Congreso de la República, donde su entonces pareja, Daniela Ospina, ahora condenada por su papel fundamental en la red corrupta, tenía un contrato en el que aparentemente su única responsabilidad era recibir su salario puntualmente.
En esta estructura criminal, operando en las sombras, se encontraba otro individuo de confianza, Juan Carlos Martínez, quien se encuentra prófugo de la justicia y era el encargado de organizar reuniones cruciales con funcionarios de alto rango de varios ministerios y entidades gubernamentales.
Pese a haber sufrido dos infartos en la cárcel La Picota, la Corte consideró que no se le puede otorgar la detención domiciliaria. Igualmente, le impuso una multa de 1.060 millones de pesos y la inhabilidad para contratar con el Estado. En este caso, la justicia cumplió y el corrupto Castaño se quedará en prisión.