Wilson Arévalo Hernández, conocido con los alias de Charco o El Quesero, uno de los principales implicados en el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, registrado el 17 de enero de 2019, fue sentenciado en el proceso que se le adelantaba por los delitos de rebelión y financiamiento al terrorismo.
En este juicio se determinó que Chaco, quien hacía parte del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, ocultó los dineros ilícitos y obtener nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en los departamentos de Arauca y Casanare.
Las evidencias presentadas permitieron concluir que el guerrillero constituyó la empresa de lácteos, Villa Esperanza, la cual sirvió para lavar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país, y usar las ganancias de la venta de quesos y otros productos para cubrir económicamente varios actos terroristas, entre estas el atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander que dejó 28 cadetes muertos y centenares de heridos.
Igualmente, una fuente humana indicó que El Quesero acopiaba en su inmueble y transportaba armas, explosivos, equipos de comunicación y otros elementos para la guerrilla del ELN.
Análisis contables y otras actividades investigativas indicaron que la empresa Villa Esperanza fue creada con un capital de apenas 3′500.000 pesos y con un único empleado, Wilson Arévalo Hernández. De igual manera, permitieron conocer que, entre 2012 y 2017, ocultó al Estado más de 5.000 millones de pesos que corresponderían a ingresos de actuaciones ilícitas,
En la actualidad, este hombre enfrenta un proceso por su participación directa en el atentado terrorista a la Escuela General Santander, ubicada en el occidente de Bogotá. La Fiscalía General lo señaló de ser el encargado de transportar de Arauca a Bogotá el campero que, en la capital de la República, fue cargado con 80 kilogramos de pentolita.
El guerrillero llevó el vehículo hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales, donde explotó tras la celebración de una ceremonia de ascenso.
El primer condenado
En mayo de 2022, Ricardo Andrés Carvajal fue condenado a 46 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.
“Fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado, el 17 de enero de 2019″, explicó la Fiscalía al conocer la condena.
La bodega era un pequeño parqueadero ubicado en una casa de familia que fue arrendada una semana antes y en ese sitio metieron la camioneta usada en el atentado. Hasta esa bodega llevaron los explosivos y fue armado el artefacto. De esa misma casa salió la camioneta con destino a la Escuela de Policía, donde finalmente detonaron el explosivo con el desafortunado saldo de 22 cadetes muertos.
“La contundencia de las pruebas y evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que una juez especializada de Bogotá condenara a 46 años de prisión a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander”, señaló el delegado contra la Criminalidad Organizada, Javier García Trochez.
Carvajal Salgar fue el primer capturado por este atentado terrorista y su voz apareció en una llamada que por casualidad los investigadores de otro caso tenían interceptada y donde el ahora condenado aseguró estaba escondido tras completar o ayudar en el atentado terrorista.
“Una de las evidencias obtenidas en la investigación da cuenta de que, a través de una llamada telefónica, el hoy sentenciado le aseguró a una tercera persona que se había escondido porque estaba vinculado al ataque terrorista”, explicó la Fiscalía.
Desde un inicio del proceso, el sentenciado se declaró inocente mientras aseguró que su comentario en la llamada telefónica, el mismo que se convirtió en prueba en su contra, lo hizo porque le pareció gracioso.
La condena fue apelada por la defensa de Carvajal Salgar y el proceso pasó al Tribunal Superior de Bogotá. Por ahora, el condenado seguirá privado de la libertad mientras los magistrados resuelven el recurso que interpuso su abogado.